Desde el Caso Chispas en 1997 hasta los recientes episodios como Sartor y Factop, han impulsado cambios normativos para cerrar brechas y fortalecer la fiscalización, según un análisis del el Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School, de la Universidad de Los Andes.
“Chile es el país con más escándalos financieros de América Latina, pero no porque seamos más sinvergüenzas, sino porque tenemos reguladores que reaccionan, inversionistas que defienden sus derechos, prensa sofisticada y una ciudadanía que se escandaliza”, señaló el director del Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School, Alfredo Enrione.

El académico sostuvo que, el Caso Chispas derivó en la Ley de OPA y es considerado una de las regulaciones de gobierno corporativo más relevantes de la región. Mientras que, en 2008, la colusión de farmacias endureció la responsabilidad de los directores; La Polar evidenció fallas en la supervisión de empresas abiertas en bolsa; mientras que Penta y SQM cambiaron las reglas del financiamiento a la política.
Según Enrione, el rol de la CMF si bien se ha fortalecido, “la innovación financiera avanza más rápido que la normativa, dejando zonas grises que pueden ser explotadas”.
“Vamos en la dirección correcta, pero debemos fortalecer la fiscalización en los fondos de inversión privados”, sostuvo.