En un mes más entrará en vigor la última de una serie de regulaciones que afectará a las gestoras de fondos (AGF): la norma N°526 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece requerimientos de capital y garantías en base a activos ponderados por riesgo (APR).
Conocida como el “Mini Basilea” para las AGF -por su similitud a las exigencias para la banca-, exigirá que el patrimonio de la administradora de fondos deje de ser estático y se calcule según el mayor valor entre UF 5.000 o el 3% de los APR. Desde 2027, la CMF podrá exigir un 3% adicional.
En la industria de fondos la nueva regla es leída como un nuevo aumento de costos regulatorios. Sin embargo, un reciente estudio de Deloitte, que midió el impacto de la aplicación de la normativa, puso paños fríos a las AGF.
“Se observa una holgura generalizada de patrimonio que cubriría la exigencia de patrimonio mínimo”, destacó el documento elaborado por la gerenta senior de riesgo financiero y regulatorio de la firma, Natalia Rosenblit, y el gerente de la unidad, Cristóbal Aguilera.
Control y monitoreo
De igual manera, Deloitte apuntó que “no se anticipan cambios relevantes en la exigencia de garantías para las AGF”, la que deberá ser el mayor valor entre UF 10.000 o el 1% del patrimonio promedio diario del trimestre calendario anterior.
Pero, aclaró, que “podrían observarse aumentos acotados en función de la evaluación que realice la CMF sobre la calidad de la gestión de riesgos de cada entidad”.
“Más allá de implicar presiones significativas sobre la suficiencia de capital, refuerzan la necesidad de fortalecer los marcos de control, monitoreo y gestión para asegurar el cumplimiento continuo de los umbrales regulatorios de capital y garantías a constituir por cada fondo administrado”, añadió Deloitte.
“Así, el principal desafío para las AGF se traslada desde la disponibilidad de recursos hacia la adecuada implementación operativa y gobernanza” de la normativa, concluyó el estudio.