Siempre se ha dicho que si hay un sector que está “sumamente regulado”, es el bancario. Esto porque tras la crisis de 1982, que terminó con varios bancos siendo “salvados” por el Central para evitar su quiebra, a lo que luego se sumó la ley contra el lavado de activos, hizo que los controles que deben ejercer las instituciones financieras sean rigurosos y estrictos.
Por ello es que, a raíz del desfalco eventualmente perpetrado por AC Inversions y su dueño, Patricio Santos, en contra de miles de personas, se destapó lo que podría ser una falencia en los sistemas de las entidades financieras.
Después de todo, ¿cómo pudo Santos operar cuentas en CorpBanca, Security, Internacional y BBVA, sin que las millonarias sumas que por ellas pasaron levantaran un alarma en la estructura de compliance?
Por ello, las administraciones de las entidades decidieron comenzar el mismo día en que estalló el escándalo, auditorías y revisiones a los sistemas internos para detectar dónde se generó la falla, o si algún ejecutivo se encontraba en conocimiento de la estafa pero no generó ninguna advertencia.
Según trascendió, si bien aún no hay resultados, dado el poco tiempo que ha pasado, esta tarea se convirtió en una prioridad para los bancos.
Investigación del SII
Donde sí se detectaron antecedentes que llamaron la atención fue en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto porque desde noviembre de 2015, éste mantenía en la mira a la firma controlada por Patricio Santos por irregularidades en los pagos de sus tributos. Desde el organismo público indican que si se llegase a acreditar que hubo faltas en este aspecto, el caso podría tomar otro giro, púes el SII en ese caso tendría que presentar acciones penales en contra de los responsables.
Su importancia
Una vez que Chile ingresó a la OCDE, en 2010, uno de los compromisos que asumió fue endurecer las normas relativas a prevenir el lavado de activos, e incorporar nuevos delitos bases e incrementar sanciones. Y en ese marco, los bancos debieron reforzar sus controles, generar un protocolo de compliance, tener un oficial a cargo de éste, entre otras medidas, para detectar movimientos sospechosos.
Entonces si no se levantó ninguna alarma, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podría imponer duras sanciones en contra de éstos.
Según fuentes conocedoras, en todo caso, la UAF está en contacto con los bancos y ya ha recabado antecedentes respecto a lo que ocurrió.
Otro punto que cobra relevancia es a quién le corresponde fiscalizar y prevenir estafas como la de AC Inversions.
Fuentes conocedoras del sistema financiero creen que, al menos, no lo son ni la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ni la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), apuntando a que una actividad ilícita no puede ser regulada.
Entonces, ¿quién es responsable? Al menos desde el mercado, las miradas apuntan al Ministerio Público.
Afectados podrían renegociar sus deudas con sus acreedores
No es ningún secreto que muchos de los dineros que los afectados "invirtieron" en AC Inversions eran obtenidos a través de créditos con bancos u otras entidades financieras.
En ese contexto, el viernes los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) se reunieron con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Andrés Pennycook. A la cita también acudió un grupo de víctimas de la estafa emprendida por la desarticulada empresa de Patrico Santos.
El objetivo de la reunión fue poder aclarar cuáles son los pasos a seguir para los afectados, en el caso de haber pedido un crédito para invertir en AC Inversions y que ya no se encuentran en capacidad de pagarlo a sus acreedores.
"Hemos escuchado atentamente a las personas que han venido a hablar con nosotros. Como Superintendencia le hemos informado sus derechos que tienen como deudores de acuerdo a la ley concursal. Existen derechos que se refieren a renegociar la deuda que tienen con sus acreedores", señaló Pennycook.
Sobre si los afectados podrían declararse en quiebra, el superintendente aclaró que "la terminología habla de un proceso de renegociación".
Además, agregó que para poder requerir una renegociación con los acreedores, las víctimas pueden ir a la Superintendencia a pedir una solicitud para iniciar el proceso.
En tanto, los diputados Farcas y Silber están estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de ley que busca regular este mercado para prever futuros ilícitos. Para eso, el lunes se reunirán con Eric Parrado de la SBIF.
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