Desde 2007 que los usuarios del sistema de salud privado comenzaron a presentar recursos de protección de forma masiva en contra las Isapres con el fin de congelar el valor de sus planes. De este modo comenzó la llamada judicialización, problema que este año llegaría a sus niveles más altos.
De acuerdo a la consultora Altura Management, especializada en salud, en 2013 los recursos totales en contra de las Isapres podrían llegar a los 160 mil casos presentados ante las Cortes de Apelaciones a nivel nacional. Sólo para Santiago se proyectan 141.438 recursos, cifra que más que triplica las causas que se presentaron en 2012, cuando llegaron a las 43.485.
Efecto Auge
De acuerdo a la especialista Victoria Beaumont, de la consultora, este aumento explosivo en las causas sería consecuencia de los recursos interpuestos como consecuencia del reajuste de la prima GES (Auge), razón por la cual se interpusieron 60 mil recursos en un par de meses.
“La judicialización sigue en aumento y este año por el hecho de incorporarse la judicialización del GES se rompe la tendencia de duplicar los recursos año a año como había sido hasta la fecha”, señala la especialista.
Considerando este escenario, los costos por concepto de judicialización también tendrían un aumento exponencial. De acuerdo a las estimaciones de Altura Management, los costos para las Isapres asociados a este tema bordearán los $ 24.000 millones este año, contemplando las costas de los juicios, los gastos directos de las Isapres en su defensa y los montos en alzas de planes que no podrán ser aplicados.
Desde una Isapre proyectan el cálculo de forma similar, señalando que este año la judicialización de la prima GES podría costarle a las Isapres US$ 40 millones
($ 20.500 millones).
Según los números de una Isapre del mercado, en lo que va del año ésta ha desembolsado más de $ 700 millones en costas, donde no se incluyen los recursos por prima GES.
Lo que está por verse es cómo fallarán las cortes frente a estos casos. Pero las proyecciones no son auspiciosas para las Isapres, ya que hasta ahora los fallos han favorecido más a los afiliados que a las aseguradoras.