Por Renato García Jiménez
La ley de Cumplimiento Tributario de Contabilidad Extranjera, (FATCA, su sigla en inglés), es un monumental esfuerzo lanzado por gobierno estadounidense para combatir la evasión fiscal internacional, que se estima en cerca de US$ 40 mil millones al año.
La iniciativa ha generado una amarga polémica, que va desde acusaciones de que se trata de un control a los capitales encubierto, hasta que es una intromisión de Washington en la privacidad de sus ciudadanos. Algunos incluso denuncian que provocará que contribuyentes con doble nacionalidad renuncien a su pasaporte estadounidense.
Pero más allá de la controversia, una de las mayores dudas sobre el proyecto, tiene que ver con la factibilidad de implementarlo en los plazos establecidos. La iniciativa iba a enfrentar esta semana su primera prueba de fuego. A partir de este martes, las empresas financieras de todo el mundo que cuenten con clientes estadounidenses con activos por más de US$ 50 mil, debían comenzar a inscribirse en un registro. Se estima que cientos de miles de bancos, compañías de seguros y fondos de inversiones, tendrán que realizar eventualmente este trámite. Y el plazo para ello expiraba el 25 de octubre.
Una vez inscritas, además, las compañías deben atravesar un proceso de negociación con las autoridades tributarias y aquellas que no hubieran concluido esta parte del trámite antes de enero de 2014, afrontan un impuesto, multa o retención del 30% respecto de los ingresos de origen estadounidense que perciben. Así mismo, debían retener 30% de los pagos a sus clientes que no colaboren.
Sin embargo, hasta la semana pasada, la agencia tributaria de EEUU, (IRS, su sigla en inglés) todavía no había terminado siquiera de definir las instrucciones de registro, y el portal de Internet para realizar el trámite no estaba operativo.
Las compañías del sector financiero advertían además falta de claridad sobre el procedimiento y escaso apoyo de las autoridades para realizarlo.
“El peor escenario es que el portal se sature y colapse”, había advertido a Reuters, Karl Egbert, del estudio de abogados Dechert, en Hong Kong.
Esta situación provocó un intenso lobby de parte de las empresas para que se aprobara una nueva prórroga, puesto que el plazo original ya se había extendido en un año.
El viernes, y ante las crecientes evidencias de que el sistema de registro no estaría habilitado a tiempo, las autoridades estadounidenses finalmente optaron por aplazar el inicio del proceso de inscripción en un mes, hasta el 19 de agosto.
Por otra parte, el margen para concluir las negociaciones se extendió en seis meses, hasta junio de 2014.
Acuerdos entre gobiernos
En su esfuerzo por evitar que el proceso derive en un caos, las autoridades de EEUU han comenzando a gestionar Acuerdos Inter Gubernamentales (IGA) con diversos países. Estos facilitarían las negociaciones, ya que permiten estandarizar el intercambio de información, delimitar su campo de aplicación y evitar la aplicación de obligaciones de retención y cierre de cuentas.
Estos acuerdos consideran dos modalidades. La primera permite a las empresas entregar la información a la autoridad tributaria local, y es ésta la que se relaciona con el IRS. En la segunda, la empresas entregan la información directamente a la agencia tributaria estadounidense.
La semana pasada el Consejo de Estabilidad Financiera, en Chile, publicó las actas de su reunión del 17 de mayo, en la que se manifiesta que el gobierno propuso al Tesoro de EEUU negociar un IGA y que éste aceptó. Como parte de las negociaciones, puede acordarse un anexo que excluya ciertos productos o instituciones de bajo riesgo de evasión, situación bajo la cual se encontrarían el Banco Central y el Fisco, entre otros.
Según las mismas actas, las inversiones chilenas en EEUU que estarían afectas a la ley FATCA ascienden a US$ 26.424, aunque eso incluye las cuentas con activos por menos de US$ 50 mil.
Dudas sobre legalidad
Pero la aplicación de los IGA no despeja todas las dudas, ya algunos legisladores en EEUU ha señalado que el recurso es ilegal. El representante republicano Bill Posey, miembro del comité de servicios financieros de la cámara baja, pidió al Tesoro suspender la firma de acuerdos, denunciando que la ley FATCA no lo faculta para negociar estos convenios.
De hecho, medios internacionales señalan que algunos gobiernos estarían aplazado la firma de estos acuerdos, a la espera de que se despejen las dudas sobre su legalidad.
Para el abogado tributarista y socio de KPMG en Chile, Mauricio López, sin embargo, la incertidumbre en torno a los IGA está acotada a “los márgenes normales para esta clase de negociaciones”, y a la larga debería primar la autoridad del Tesoro para negociar este tipo de acuerdos frente a los cuestionamientos de otras instancias.
Una de las críticas respecto de la figura es que incluiría un componente de reciprocidad, que obligaría a las autoridades tributarias de EEUU a entregar el mismo nivel de información financiera que están solicitando. Eso no sólo genera recelo entre algunas autoridades locales, sino que también podría resultar una carga onerosa para el fisco de ese país.
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