Un lapidario análisis entregó Libertad y Desarrollo respecto de la iniciativa de AFP estatal, parte de la mayoría de los programas de los candidatos presidenciales.
“Parece bastante evidente que los costos de crear una AFP estatal superan a los escasos beneficios” concluye el reporte, el cual señala que aún cuando en el corto plazo la iniciativa pueda ser percibida como una medida de un costo abordable, “en el mediano plazo, por los problemas que se podrían ir generando con el tiempo, la creación de una AFP estatal pasaría a ser el principio del fin del sistema”, agrega.
De este modo el análisis señala que se trataría de “una política pública nefasta”, dado que por la estructura demográfica del país, un sistema de capitalización individual es la “única alternativa viable”.
El diagnóstico
LyD en su análisis establece dos importantes problemas que enfrenta el sistema de pensiones chileno, de capitalización individual, por una parte el que las personas estén recibiendo bajas pensiones, en relación a sus expectativas, y en segundo lugar la escasa competencia, provocada por la baja sensibilidad a los precios por parte de los cotizantes.
Pero, al mismo tiempo señala que la AFP estatal no sería una solución para ninguna de las problemáticas y recalca el hecho de que la Comisión Marcel, en su momento analizó esta propuesta, la cual finalmente no fue considerada.
“No debemos olvidar tampoco que durante el gobierno anterior se convocó a una comisión de expertos muy amplia que luego de un estudio de dos años no incorporó la idea de una AFP estatal como una propuesta recomendable de política”.
Los riesgos
En este escenario, LyD vislumbra potenciales riesgos. El primero corresponde a que se termine en una comisión subsidiada, debido a que la administradora del Estado pueda replicar la comisión de Modelo.
Para evitar esto se podría analizar la creación de la AFP al alero del Banco Estado, lo que obligaría a cambiar la Ley de Bancos y permitir el ingreso de la banca privada al rubro. “La experiencia de la reciente crisis financiera muestra que la mantención del giro único para la banca es positiva, y también lo es para las administradoras”, señala el reporte.
A este primer riesgo se suman otros, como que los fondos administrados por la AFP estatal se usen en proyectos políticamente rentables, “pero privadamente muy dudosos”, afectando la rentabilidad.
A esto, suma el factor del Estado como inversionista en las compañías privadas, haciendo referencia a la elección de representantes en los directorios de las empresas, rol que hoy juegan las AFP como accionistas institucionales. “Es muy cuestionable si corresponde al Fisco incidir en dichas decisiones”, señala.
Y por último, el reporte señala que el rol que juega la Superintendencia de Pensiones también se vería afectado, ya que se trataría de un ente estatal que fiscaliza a otro ente estatal.
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