Por P. Gallardo y D. Pavez
La formalización de los cargos en el caso La Polar por parte de la Superintendencia de Valores marcó el inicio de la segunda fase en el escándalo provocado por el retailer. Las imputaciones -hasta ahora- apuntan a faltas a la Ley de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas referidas a falseamiento de información, faltas al buen gobierno corporativo, uso de información privilegiada y fallas en el trabajo de la auditora.
¿Qué ha ocurrido en casos similares? La experiencia muestra que tras el revuelo inicial lo que viene es la judicialización de los procesos, largos años de trámite en tribunales para confirmar las tesis del regulador, y en algunos casos, avenimientos que cierran el caso con el pago de sumas millonarias. Todo, sin que los inculpados cumplan un día de cárcel.
El deber de informar y ser informado
El miércoles la SVS formuló cargos en contra de diez directores de La Polar por presunta infracción de sus obligaciones de cuidado y diligencia. El único precedente se remite a julio de 2009, cuando se presentaron cargos contra los directores de Farmacias Ahumadas (FASA) por incumplir la Ley de Mercados y Valores en el marco del caso colusión de las farmacias.
Y es que, según recuerda el abogado externo de la SVS Francisco Pfeffer, del estudio Pfeffer & Asociados, al vicepresidente de FASA, Alejandro Rosemblatt, se le sancionó con UF 2.000 por haber ocultado al directorio que estaba negociando con la Fiscalía Nacional Económica un acuerdo de conciliación. Asimismo, se multó al presidente de FASA de ese entonces, José Codner, con UF 1.500 y al resto del directorio con UF 300, por infracción a su obligación informarse debidamente.
En primer instancia, el Tribunal confirmó la sanción de la SVS y hoy el proceso está en la Corte de Apelaciones para ser revisado.
Con datos clave
El uso de información privilegiada es el delito más grave de la ley de valores y también el más frecuente, pero habitualmente los casos concluyen con el pago de multas y penas remitidas.
Un ejemplo son las sanciones a ejecutivos, directores, asesores externos y familiares por comprar acciones de D&S antes que se informara públicamente la fusión. En febrero de este año, el Ministerio Público llegó a un acuerdo con los imputados que suspendió el procedimiento sin culpabilidades a cambio del pago de $ 15 millones. Otro caso lo protagonizaron los ejecutvos de la corredora FIT, Francisco Montaner y Roberto Guzmán, a quienes la SVS multó con unos $ 10 millones mientras continúa el proceso en la justicia. Uno de los más largos es definitivamente el caso Chispas. En 1997, la SVS multó por uso de información privilegiada a seis gestores de la venta de Enersis a Endesa España y en 2005 la Corte Suprema ratificó la sanción, debiendo pagar en total US$ 66,5 millones. El regulador tambión multó $363 millones en 2006 a dos directores de LAN -entre ellos Sebastián Piñera- por comprar en 2006 acciones de la firma antes que los estados financieros fueran de dominio público.
Cuando los auditores fallan
A pesar que la regulación para las auditoras se perfeccionó recién en la Ley 20.382 vigente desde enero de 2010, esta no es la primera vez que se presentan cargos en contra de estas firmas.
PWC ya tiene dos sanciones: en diciembre de 2005 se le multó con UF 100 por no detectar que las reservas de riesgo de la aseguradora La Construcción incumplían con lo exigido por la normativa; y en diciembre de 2010 se le aplicó una multa de UF 350 por no detectar errores en la presentación de los estados financieros de ACE Seguros entre los años 2004 y 2009. Otro precedente es la multa de UF 500 aplicada en febrero de 2003 a Ernst & Young, no registrar salvedad u objeción respecto a omisiones en los resultados contables de la aseguradora Chubb.
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