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REGÍSTRATE AQUÍEn Chile, la discusión sobre supervisión basada en riesgo y nuevas exigencias de capital marcan la agenda.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 28 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.
De acuerdo a un reciente reporte del diario británico The Independent, las compañías de seguros del Reino Unido han gastado más de 3.000 millones de libras en la implementación de Solvencia II, la regulación en la que trabaja la Unión Europea en lo que corresponde a los niveles mínimos de liquidez para las aseguradoras. Esto sin que la implementación de dicha regulación aún no entra en vigencia en dicho país.
Similar escenario es el que vive la industria aseguradora alrededor del mundo. Mientras, en Chile las compañías también han debido ir haciendo modificaciones en la materia como consecuencia de la implementación de la norma IFRS.
A ello se suma los efectos que podría traer la implementación de la Supervisión basada en Riesgo, modelo contemplado en la nueva ley que actualmente se discute en el Congreso.
Bajo este contexto, Standard & Poor’s, en su reporte del 21 de enero de este año, señala que para 2013 habrá dos temas que se ubican como los principales riesgos globales que afectarán a la industria aseguradora: las bajas tasas de interés y la publicación de nuevas regulaciones.
Bajo este panorama, el informe de S&P señala que “la acumulación de riesgo se refleja en la tendencia negativa de nuestras perspectivas para las compañías de seguros, incluso después de haberle bajado la nota a varias durante 2012”.
A su vez, proyecta que este aumento en el riesgo va a afectar las proyecciones de crecimiento y utilidades para la industria aseguradora, especialmente en los países desarrollados. Mientras, los mercados emergentes deberán lidiar con un crecimiento menor al obtenido en años anteriores.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Un informe de la CChC estima que el país deberá destinar el equivalente al 7,3% del PIB anual para cerrar brechas en transporte, energía, agua, salud y conectividad digital durante la próxima década.
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista