Un nuevo capítulo se escribió en el polémico proceso de retiro de rentas vitalicias. Tal como había advertido el gremio estadounidense de compañías de seguros, algunos de sus miembros estaban evaluando acciones legales por el impacto que les significan los anticipos del producto previsional.
Ayer, Ohio National dio el primer paso. La aseguradora informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, a través de una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, su matriz activó formalmente el mecanismo de resolución de controversias que establece el Tratado de Libre Comercio (TDLC) entre Estados Unidos y Chile.
"Por medio de dicha carta, ON Global Holdings LLC solicita al gobierno de Chile abrir un procedimiento de consultas amistosas y negociaciones para intentar resolver las graves consecuencias ocasionadas por la promulgación de la Ley N° 21.330 sobre 'anticipo' de rentas vitalicias", así como también, aquellas futuras que tengan su causa en otras iniciativas legales en el mismo sentido", señaló el hecho esencial enviado al regulador, firmado por el gerente general de la compañía, Claudio Correa.
"Incerteza jurídica"
El documento también acusa que con la aprobación de la ley que permite un anticipo de rentas vitalicias, existe en el país un "clima de incerteza jurídica" que infringe el derecho de ON Global Holdings en su calidad de inversionista extranjero, a recibir un trato justo y equitativo.
"Tales derechos se encuentran protegidos por las disposiciones del Tratado y por los principios, reglas y normas del derecho internacional de inversiones, incluyendo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS" o "GATS")", indicó el documento.
Además, Ohio señaló que en la misiva enviada a Cancillería, la firma estadounidense se reservó todos los derechos y acciones que posee en virtud del TDLC, así como de cualquier otra normativa.
Ello, "especialmente para requerir ante tribunales internacionales que correspondan, la compensación por los daños a la propiedad y a la operación de sus negocios en Chile causados por los hechos antes señalados, toda vez que se ha visto obligada a responder con su propio patrimonio para dar cumplimiento a la ley señalada".
El rol de Díaz de Valdés
La consulta ante la Cancillería fue ingresada por el abogado que los representa, Rodrigo Díaz de Valdés.
El socio del estudio Baker McKenzie en un destacado abogado de la plaza, conocido en la industria aseguradora y de las administradoras de fondos de pensiones.
Entre sus especialidades se encuentra precisamente el litigio arbitral doméstico e internacional, particularmente en las áreas regulatorias, de seguros, financiera, comercial, insolvencia y bancarrota.
El abogado también ha trabajado en representación del Estado de Chile.
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