La
Unión Europea aprobó hoy formalmente las nuevas reglas para
las agencias de calificación de riesgos y otras medidas destinadas a reforzar
la vigilancia de estas entidades, a las que se considera parcialmente
responsables de la actual crisis financiera.
Además del marco jurídico para las agencias de calificación,
los Veintisiete han adoptado las nuevas normas sobre los requisitos de capital
de los bancos, sobre pagos transfronterizos y servicios de monedero
electrónico, medidas que constituyen una parte importante del plan impulsado
por la UE el
pasado otoño para hacer frente a la crisis.
Estas iniciativas han sido aprobadas sin debate por el
Consejo de Asuntos Generales y Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.
Normas
Las nuevas normas refuerzan la vigilancia sobre las agencias
de calificación, que no fueron capaces de detectar el deterioro de las
condiciones del mercado que desembocó en la crisis financiera, según afirma hoy
el Consejo de la UE
en un comunicado.
La principal medida del paquete es la creación de un
registro de estas agencias controlado por el Comité europeo de reguladores
bursátiles (CESR, en sus siglas en inglés), una institución que verá aumentadas
sus competencias en el ámbito de la supervisión.
Además, se aumentan las exigencias para garantizar que las
agencias cuenten con la información suficiente para emitir calificaciones y
para evitar conflictos de intereses, dado que evalúan a las mismas entidades
que pagan sus servicios.
Obligaciones
La nueva legislación potencia también la independencia de
las agencias, que estarán obligadas a contar con varios administradores
independientes, cuya retribución no esté supeditada a los resultados de la
agencia.
Estas entidades estarán sujetas a nuevas exigencias de
transparencia y, así, tendrán que publicar un informe anual sobre sus
actividades y divulgar la identidad de sus veinte clientes más grandes, en
relación con los ingresos que les proporcionan.
Asimismo, la nueva normativa sobre pagos transfronterizos
obligará a igualar los gastos que las entidades cargan al cliente por la
domiciliación de recibos en entidades de otros países de la UE a los que aplican en el
ámbito nacional.
La medida pone estos servicios en la misma situación de
otros ya cubiertos por la normativa comunitaria, como las transferencias
bancarias, los pagos electrónicos y la retirada de efectivo en los cajeros.
Al mismo tiempo, reduce las obligaciones de notificación
para los bancos que actualmente frenan las operaciones, según las instituciones
europeas.
Por otra parte, le nueva directiva sobre requisitos de
capital de los bancos endurece la legislación en este ámbito con vistas a
"corregir las debilidades detectadas a causa de la crisis
financiera", según la UE.
Las reglas buscan mejorar la coordinación entre la
supervisión de las autoridades nacionales, a través de la armonización total de
las normas de notificación de información a nivel europeo para 2012, además de
la creación de "colegios de supervisores", presididos por la autoridad
del país donde la entidad tiene su sede, para vigilar a los bancos
transfronterizos.
Emisiones de productos estructurados
Otra de las principales novedades es que se obligará a las
entidades financieras a quedarse como mínimo el 5% de las emisiones de
productos estructurados -como las hipotecas titulizadas- que coloquen entre los
inversores.
Para reducir los riesgos asociados a la interconexión entre
entidades, se limitará la exposición a terceros al 25 % de los fondos propios,
entre otras medidas.
En cuanto a los servicios de monedero electrónico, la UE ha adoptado una normativa
que promoverá el uso de estos nuevos sistemas, actualmente poco utilizados en
los Veintisiete, para garantizar que éstos sean "a la vez innovadores y
seguros", y facilitando la competencia entre las entidades que los
oferten.
Por último, se ha aprobado un programa que permitirá a la UE la contribución a la
financiación de determinados organismos, tanto europeos como internacionales,
con vistas a garantizar la eficacia de las políticas europeas en el sector
financiero, el acceso a la información en este ámbito y el control legal de las
cuentas.
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