El caso explotó en octubre, cuando una auditoría externa al Centro de Investigación Científica Aplicada a Soluciones Tecnológicas (Cicitem) de la Región de Antofagasta reveló presuntas irregularidades asociadas al exdirector ejecutivo Rubén Rojo, a quien la investigación vincula con un presunto fraude cercano a $ 400 millones.
A partir de este hallazgo, el Gobierno Regional (GORE) congeló la entrega de recursos aprobados para la continuidad operativa del centro. Según los antecedentes, existían fondos validados por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección de Presupuesto (Dipres) y el Consejo Regional (CORE) para sostener el funcionamiento del centro de investigación hasta 2025 incluyendo un aumento por $ 170 millones, que incluso contó con el voto favorable del gobernador Ricardo Díaz. Sin embargo, la transferencia nunca se ejecutó.
Hoy el organismo está paralizado, su continuidad está en suspenso, y los 18 trabajadores recibieron una carta informando el término de sus funciones a partir de este domingo 30 de noviembre. Sin embargo, el centro no cuenta con recursos suficientes para cubrir la totalidad de los finiquitos, lo que ha generado un conflicto laboral. Varios investigadores tenían proyectos en curso, entre ellos un estudio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por más de $ 2 mil millones enfocado en casos de uso del hidrógeno verde, cuya continuidad quedó suspendida tras la inauguración del nuevo laboratorio, en octubre. La crisis también expuso fallas de gobernanza.
El directorio integrado por representantes del GORE, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Universidad de Antofagasta es señalado por no haber ejercido una fiscalización adecuada. Según trabajadores, hubo advertencias y compromisos de auditorías que nunca se concretaron. Con el cierre total de actividades, Cicitem corre el riesgo de desaparecer después de 19 años de funcionamiento.
DFRegiones conversó con Rodrigo Rivera Castillo (42), Jefe de Administración y Finanzas de Cicitem y representante del sindicato, quien lleva una década en el centro y hoy, junto a otros 17 trabajadores, enfrenta la incertidumbre por el pago de sus finiquitos y el cierre operativo de la institución.
- ¿Qué gatilló la falta de fondos y por qué el centro quedó sin capacidad para cubrir los finiquitos?
- Habían recursos que tenían que haber llegado de parte del Gobierno Regional, que eran para el funcionamiento del centro, que finalmente no llegaron. La idea era utilizar esos recursos para poder pagar los finiquitos, pero como no llegaron, en este momento el centro no cuenta con los recursos necesarios para hacer el pago de la totalidad de los finiquitos, sino que solamente una parte.
- Respecto del rol de las instituciones que integran el directorio y de los controles internos que debieron activarse antes de que estallara el caso, ¿qué responsabilidad atribuye a quienes debían supervisar la gestión del centro?
- En lo que es la fiscalización, es al directorio, que está compuesto por gente de la Católica del Norte, de la Universidad de Antofagasta e incluso del Gobierno Regional. Ellos eran finalmente los que tenían que fiscalizar cómo se utilizaban los recursos por parte del exdirector. Si lo hubiesen hecho, hubiese aparecido antes este tema, el tema de los movimientos que estaba haciendo el exdirector ejecutivo. Desde que ingresó Rubén Rojo, yo solamente los vi a ellos en una reunión. Ellos quedaron de hacer una auditoría y tampoco la llevaron a cabo. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Nosotros en Finanzas hicimos la denuncia en el Gobierno Regional. Esta denuncia se hizo finalmente en enero de este año.
- En cuanto al avance científico del centro, ¿qué ocurrirá con los proyectos en curso y cuáles son los más afectados por esta paralización?
- Hay un estudio que se hace a través de la ANID, un proyecto de más de $ 2 mil millones. En octubre se hizo la inauguración del laboratorio donde se iban a hacer los estudios relacionados con los distintos tipos de casos de uso del hidrógeno verde. Este proyecto va a quedar ahí. No sabemos en qué va a quedar, la verdad, inconcluso. En este momento somos 18 personas las que estamos en esta situación, a las que se nos entregó la carta y se nos dijo que trabajábamos solo hasta el 30 de noviembre.
Estamos viendo el cierre de los pagos, de imposiciones, de sueldos, las últimas rendiciones, pero no sabemos tampoco quién va a operar, o sea, quién se va a hacer cargo del pago del finiquito. Nosotros lo vamos a dejar preparado, pero no sé quién lo va a ejecutar. Somos un centro de investigación independiente. Algunos están moviendo entrevistas de trabajo, pero nada concreto. Finalmente igual somos un poco apuntados con el dedo por esta situación que sucedió. He sabido de varios compañeros que ya se fueron antes, que incluso han tenido dificultad para buscar trabajo. Les han preguntado ¿tú de dónde vienes? Y son mal mirados, como si fuésemos nosotros también responsables de lo sucedido.
- Qué esperan hoy del gobernador regional y por qué es clave que se liberen los recursos pendientes?
- Los recursos que yo te mencionaba ya habían sido autorizados por la Contraloría, por la Dipres e incluso por el mismo Consejo Regional a mitad de año. Fue el gobernador el que detuvo esa entrega. La solicitud es a Ricardo Díaz para que libere los pagos. De aquí a que llegue la respuesta de Contraloría nosotros ya no vamos a estar ya que estamos todos despedidos, lo que nos interesa es poder contar con nuestro dinero.
El pasado martes 25 de noviembre, en medio de la incertidumbre por el pago de sus finiquitos un grupo de trabajadores acudió hasta el Gobierno Regional para entregar una carta solicitando la liberación inmediata de los recursos. Según relata Rivera, “fue un grupo de cuatro trabajadores. No se encontraba el gobernador, así que hablaron con la administradora, y ella se comprometió a comunicarse con el director ejecutivo para hacer entrega de recursos. Dicen que tienen la intención de pagar al menos el tema de los finiquitos, pero no hay certeza tampoco”.
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