La Ley de Fraccionamiento pesquero, que luego de 13 años debía venir a modernizar la Ley de Pesca para permitir una distribución más equitativa de las cuotas de captura entre los pescadores artesanales y la pesca industrial, tuvo una accidentada tramitación.
Ello, porque la votación de las cuotas se realizó en primera instancia usando cifras erróneas de captura de merluza, lo que llevó a Pacific Blu, la principal empresa del rubro, a anunciar el cierre de sus operaciones.
Aunque la decisión de la empresa fue revertida luego de que el dato fuera corregido en el proyecto, a dos semanas de que entre en vigencia, la normativa no ha logrado dejar atrás las polémicas.
Esto, porque Pescadores Industriales del Biobío y armadores artesanales de diversas regiones ingresaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para impugnar la resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), por "uso arbitrario de facultades" luego que la nueva normativa abriera el Registro Pesquero Artesanal de manera masiva a nuevos inscritos, lo que pondría en jaque la sustentabilidad de los recursos marinos.
El recurso busca declarar ilegal y dejar sin efecto la resolución porque “cambia las reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley”. Según el libelo, la autoridad ordenó la apertura del Registro Pesquero Artesanal (RPA) por oficio a miles de nuevas embarcaciones, saltándose el requisito legal de consultar a los Consejos Zonales y desatendiendo el artículo 50 de la Ley de Pesca, que suspende nuevas inscripciones en pesquerías agotadas o en plena explotación, como la merluza y el jurel.
"Criterio político"
A juicio de los denunciantes, la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, encabezada por Julio Salas, sin habilitación legal alguna, “se saltó la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías”, plantean en un comunicado.
Desde el gremio de la pesca industrial en Biobío, el problema reside en la sustitución de la evidencia técnica por decisiones políticas. Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, fue tajante. "El subsecretario (de Pesca y Acuicultura) Julio Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas. Esto es grave, porque el jurel hoy es un caso de éxito mundial gracias a que el criterio técnico ha prevalecido. El precedente que marca Subpesca daña profundamente la institucionalidad que permitió recuperar estas pesquerías".
Por su parte, Victoria Rubio, presidenta de Conapesca, advirtió que la autoridad está utilizando la Ley de Fraccionamiento como "excusa" para alterar reglas de acceso que son materia de ley. "Abre la puerta a más actores, sin respetar el sistema de vacantes, aumentando la presión sobre el recurso. Si esto se normaliza, mañana cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución", comentó la dirigente artesanal.
Comité científico
El mundo científico también se ha sumado a las críticas. El Comité Científico Técnico (CCT) de Pequeños Pelágicos se negó a validar las cuotas de captura para 2026, denunciando que la nueva Ley de Fraccionamiento ignora la biología de las especies.
Además de la sostenibilidad de los recursos pelágicos, la definición de las áreas de extracción también ha sido tema de cuestionamientos. La Subpesca apunta a gestionar una macrozona entre Arica y Coquimbo; sin embargo, los científicos advierten que esto es un error de base, pues existen dos unidades de stock distintas, una en la Zona Norte y otra en Centro-Norte. Fusionarlas, explican, carece de justificación técnica e introduciría riesgos de colapso para la anchoveta y la sardina española.
El impacto en el Biobío
La actual Ley de Fraccionamiento nació con el propósito de reemplazar la normativa de 2013, cuestionada por su origen bajo sospechas de cohecho. Sin embargo, la legislación arrastra un error en su origen. Durante la discusión parlamentaria, la Subpesca entregó datos imprecisos respecto a la disponibilidad de recursos y las biomasa suficiente para soportar un aumento de captura.
Este "desajuste" en los datos ha forzado a que la gestión se base en áreas marítimas políticas, en lugar de unidades de stock biológicas. Para Macarena Cepeda “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país".
Con todo, la Ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.
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