Un extenso ofició envió el diputado por el distrito 17 Roberto Celedón al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, pidiendo que informe al parlamento sobre una inminente crisis en el sistema de buses rurales de la zona centro sur del país.
Esto, luego de que la asociación de dueños de buses rurales de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble advirtiera a comienzos de noviembre el fin de las tarifas rebajadas para estudiantes y adultos mayores, amenaza que comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2026.
La medida anunciada por los transportistas se funda en sus reclamos de que el subsidio que aporta el gobierno para financiar parte del pago de estas tarifas no ha sido reajustado desde hace años, y ya no es suficiente para cubrir el impacto del beneficio social en sus ingresos. Por otra parte, señalan, el uso de pases vencidos o derechamente falsos ha aumentado ante la falta de fiscalización de las autoridades.
“Atendido la seriedad y gravedad de los antecedentes que se expondrán, nos permitimos solicitar que se remita un oficio al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz Abogair, o quien los subrogue, requiriendo información urgente y detallada respecto de las medidas adoptadas o en evaluación por parte de ese ministerio para evitar el término de las tarifas rebajadas en el transporte rural”, señala el documento de cuatro carillas.
En él se plantean 10 preguntas sobre el caso al secretario de la cartera, entre ellas, qué medidas se van a adoptar para evitar la crisis y si el ministerio está evaluando nuevos instrumentos de financiamiento para apoyar al transporte rural.
También indaga sobre qué instancia de acercamiento se ha establecido entre la repartición y los transportistas, un gran punto de duda, ya que tras anunciar inicialmente una mesa de diálogo con el sector, la autoridad no entregado información sobre eventuales avances.
El diputado, abogado de profesión y con una larga trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, recuerda en su oficio que “la Región del Maule presenta una alta ruralidad, con numerosas localidades y comunas en las que el transporte público rural constituye el único medio regular de conectividad hacia centros urbanos donde se concentran establecimientos educacionales, recintos de salud, servicios públicos y fuentes laborales”. En este contexto, advierte, eliminación de las tarifas rebajadas “afectaría de manera directa y desproporcionada a estudiantes de enseñanza básica, media y superior, así como a personas mayores que dependen del transporte rural para su vida cotidiana”.
Según lo informado por los transportistas, el actual subsidio cubre solo 17% de la rebaja tarifaria para estudiantes de educación superior, 7% para los estudiantes de educación media y nada para los de educación básica, mientras que en el caso de los adultos mayores, la compensación alcanza a apenas 20% del descuento, dejando a los pequeños empresarios cubrir el 80% restante del beneficio.
Así, “desde una perspectiva constitucional y legal, el Estado tiene el deber de promover condiciones que permitan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, tales como el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y a la movilidad”, señala el diputado en su misiva.
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