El Ejecutivo ingresó este miércoles un segundo paquete de indicaciones al proyecto de ley de financiamiento regional y descentralización fiscal, conocido como “Regiones Más Fuertes”.
La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, busca retomar su ritmo legislativo tras meses de trabajo técnico entre la Dirección de Presupuestos (Dipres), La Subdere y la Asociación de Gobiernos Regionales (Agorechi).
Las enmiendas apuntan a perfeccionar la arquitectura fiscal de los Gobiernos Regionales (Gores), estableciendo un nuevo trato que otorga mayor agilidad en el uso de recursos, pero que, en contrapartida, impone cerrojos más estrictos en materia de control y responsabilidad fiscal.
Auditorías y el rol del CORE
En respuesta a la necesidad de mayor probidad, uno de los ejes centrales de las indicaciones es la actualización de las medidas de control. El Gobierno propone mandatar la realización de auditorías externas anuales sobre la gestión presupuestaria y financiera de los Gores, cuyos resultados deberán ser parte integral de las cuentas públicas.
Asimismo, se empodera al Consejo Regional (CORE) en el seguimiento de la ejecución. Adeemás se disminuye el umbral para la aprobación de recursos: los consejeros deberán visar los proyectos de inversión, aunque se establece un mecanismo de agilidad al excluir de esta revisión obligatoria a las iniciativas menos de 3 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
En un ámbito de alta sensibilidad política, las indicaciones regulan aspectos específicos que podrían gatillar la cesación en el cargo del gobernador regional por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Flexibilidad presupuestaria y "equipos de confianza"
Para dotar de mayor previsibilidad a la inversión en regiones, el Ejecutivo propone que el Presidente de la República dicte un marco presupuestario a cuatro años. Estos marcos deberán ser consistentes con la política fiscal y el Informe de Finanzas Públicas (IFP).
En cuanto a la estructura del gasto, se busca homologar el sistema al de las Empresas Públicas (con fondos desde la Partida Tesoro). Se simplifica la estructura suprimiendo la distinción rígida ente programas de funcionamiento e inversión, aunque la Ley de Presupuestos fijará anualmente la proporción máxima para gastos operacionales y dotación.
Un punto que destaca en la gestión de recursos humanos es la eliminación de una traba administrativa del proyecto original: se elimina la exigencia de nombrar a los jefes de división a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Con esto, La Moneda cede a una demanda histórica de los gobernadores para tener mayor libertad en la selección de sus equipos directivos de confianza.
Nuevos ingresos propios
Finalmente, las indicaciones abren la puerta a que los Gores generen ingresos propios mediante el cobro de derechos por servicios prestados.
Destaca la creación de una tasa de hasta 30% por el ingreso a áreas silvestres protegidas. La norma establece un “círculo virtuoso” de inversión obligando a que 50% de lo recaudado por este concepto se destine al desarrollo y mantención de dichas áreas en la región respectiva. Además, se repone la facultad de los Gores para dictar reglamentos sobre concesiones y permisos en bienes raíces de su propiedad.
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