Han pasado cuatro meses desde que WOM salió del Capítulo 11, el proceso de reorganización financiera en Estados Unidos. Han sido meses desafiantes, se formó un nuevo directorio presidido por Mauricio Ramos, Chris Bannister volvió a la primera línea gerencial, mientras que a nivel comercial la estrategia se fue ajustando a un nuevo tono, menos confrontacional con la competencia.
Pero también han seguido las negociaciones con el regulador, Subtel, para llegar a un acuerdo que permita a la compañía terminar el despliegue de la red 5G —que debió haber entregado hace dos años— y evitar el pago de multas y el cobro de boletas de garantía por cerca de US$ 50 millones.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha sido el escenario donde se han medido las fuerzas y se han llevado a cabo las negociaciones, las cuales, por parte de Subtel, son lideradas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Es este organismo el que ya se ha reunido en las dos últimas semanas para analizar la propuesta de acuerdo, que implicará plazos y el pago de compensaciones por los atrasos.
Esta semana es decisiva, porque el martes 2 de septiembre se prevé que el CDE se pronuncie respecto del acuerdo, el cual contendrá las multas por los atrasos, el pago de la boleta de garantía y el plazo definitivo en que deberán entregarse las obras pendientes.
Esto es clave, ya que se prevé que la compañía podría contar con un plazo de hasta un año para terminar su despliegue. Si no lo hace, arriesga la cancelación de su concesión. Este último punto debería estar escrito en el acuerdo, porque se estima que si no lo está, podrían haber nuevos incumplimientos.
El Consejo ha sesionado dos martes consecutivos —el 19 y 26 de agosto—, pero la complejidad del caso y su alta exposición mediática llevaron a solicitar nuevos antecedentes y ajustes en la redacción del acuerdo, postergando la resolución. Con las especulaciones creciendo por la demora, fuentes cercanas al proceso señalan que este martes 2 de septiembre podría haber humo blanco.
Lo que quiere WOM
En concreto, el CDE debe evaluar la propuesta de WOM, que busca evitar la aplicación inmediata de todas las sanciones. Cabe recordar que las boletas de garantía asociadas a los retrasos en el despliegue de las bandas 3,5 GHz, AWS y 700 MHz ascienden a US$ 50 millones (equivalentes a 1.170.000 UF).
La empresa solicita una rebaja sustancial de ese monto, argumentando proporcionalidad en el cobro, ya que asegura haber desplegado más del 84% del proyecto. Incluso, algunas versiones apuntan a que se busca reducir el pago a un quinto del total, es decir, alrededor de US$ 10 millones.
La gran interrogante es hasta qué punto estará dispuesta a ceder la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), entidad que mantiene una relación tensa con WOM tras años de incumplimientos. Ahora bien, el cambio de administración en la empresa tras su salida del Capítulo 11 podría ofrecer un mejor precedente.
Estrecho margen de maniobra
El conflicto se remonta a 2021, cuando WOM fue uno de los ganadores de la licitación para desplegar la red 5G, comprometiéndose a construir 5 mil antenas en un plazo de 24 meses.
Para 2023, el retraso era evidente. La administración de la época alegó “fuerza mayor” ante las autoridades, pero Subtel rechazó sus argumentos. El caso escaló entonces al Ciadi.
Hoy, el proceso entra en su semana decisiva. Tras el pronunciamiento del CDE, WOM deberá evaluar si el acuerdo se ajusta a sus expectativas, pero sus márgenes de acción son cada vez más estrechos.
Fuentes del sector anticipan que Subtel no aceptará una compensación inferior a los US$ 50 millones de las boletas de garantía. A esto se suman multas adicionales por los atrasos en distintas etapas y la exigencia de definir un nuevo plazo para la entrega total del proyecto, incluyendo todas las antenas 5G y las localidades obligatorias.
Además, desde la industria ya afirman que aceptar un pago menor al total podría ser considerado un mal precedente para futuras licitaciones.
Cabe recordar que WOM ya fue sancionada con una multa de US$ 8 millones por retrasos en el proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), específicamente en la banda de 26 GHz.
Con un margen de maniobra cada vez más estrecho, la empresa enfrenta una encrucijada. Resolver este conflicto es crucial no solo para evitar sanciones mayores, sino también para recuperar credibilidad y acceder a financiamiento que le permita cumplir con sus obligaciones.
Con todo, el martes podría marcar el principio del fin de la disputa o el inicio de un nuevo capítulo judicial. 
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