Una de las grandes metas no cumplidas con el financiamiento climático es el compromiso de los países desarrollados de alcanzar la cifra de US$ 100 mil millones anuales, para el periodo 2020-2024. A partir de 2025, se abre un nuevo desafío de avanzar en la definición de una nueva meta para el financiamiento climático, aun cuando la meta anterior no se haya cumplido.
La COP27, que se llevó a cabo en Sharm el-Sheik (Egipto) hace unas semanas, representa un hito importante para el financiamiento en materia de pérdidas y daños, especialmente para los efectos que el cambio climático genera en los países más vulnerables, que ya estamos viviendo en América Latina. El fondo para pérdidas y daños que se comprometió crear de cara a la COP28 será clave para avanzar en financiamiento que vaya más allá de la mitigación climática, y abordar la adaptación y la reparación para anticiparnos a las consecuencias negativas del cambio climático.
La adaptación es una preocupación clave para los países en desarrollo, donde los costos estimados podrían llegar hasta los US$500 mil millones por año para 2050, según la sexta edición del Informe sobre la Brecha de Adaptación del Pnuma. En América Latina, el foco está puesto en cuatro sectores, la agricultura, la infraestructura, el agua y la gestión del riesgo de desastres, ya que representan las tres cuartas partes de las necesidades cuantificadas de financiación de la adaptación.
Entonces, ¿cómo podemos avanzar? El tema del financiamiento también es un asunto de distribución, América Latina es la tercera región que recibe fondos climáticos (17%), siendo Asia la primera con 42% de los fondos, seguida por África con 26%, según datos del Informe del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, Gflac (2022). Sin embargo, el 48,6% del financiamiento está materializado en préstamos o créditos, por lo que los países de América Latina están solicitando reconocer la importancia de esquemas como el cambio o canje de deuda por acciones de naturaleza y clima, como una vía para movilizar más financiamiento climático. La fuerte presión de la deuda externa está impidiendo a muchos países invertir recursos nacionales para hacer frente al problema.
Entre 2016 y 2021, los bancos públicos y privados de América Latina financiaron combustibles fósiles en por un monto aproximado de US$ 206 mil millones, mientras que el financiamiento de energía limpia alcanzó solo US$ 65 mil millones, según el estudio de Gflac. Todavía vemos una gran brecha. La emergencia climática requiere mayor flexibilidad e innovación para levantar capital, especialmente de las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados. Sólo así podremos avanzar.
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