Aunque Chile ha presentado mejoras en capital humano avanzado, publicaciones científicas, institucionalidad y capacidades de investigación, esos esfuerzos no se han traducido de la misma manera en innovación empresarial, transferencia tecnológica ni mejoras sostenidas de productividad. Así lo planteó un diagnóstico elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD), que analizó las principales brechas que limitan la innovación en el país.
El documento propuso una serie de lineamientos para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la innovación en Chile, estructurados en torno a cinco pilares: gobernanza e institucionalidad; financiamiento de la innovación; capital humano y capacidades para innovar; vínculos y transferencia tecnológica; y condiciones de entorno relacionadas con regulación, competencia y mercados.
El informe advirtió que el país presenta brechas que no responden a una falla aislada, sino a un “conjunto de debilidades que se refuerzan mutuamente”. Entre ellas, baja inversión en investigación y desarrollo (I+D) -0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 2,7% promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-; restricciones de capital humano avanzado; escasa articulación entre el Estado, las empresas y la academia; y una baja adopción de instrumentos para promover la innovación, como la Ley de Incentivo Tributario a la I+D.
El economista de LyD, Nicolás Durán, dijo que, a pesar de los esfuerzos y el desarrollo de políticas públicas, la tasa de innovación empresarial ha disminuido de 14,1% entre 2017 y 2018 a 10,7% entre 2021 y 2022, mientras que la transferencia tecnológica desde la academia al sector productivo, y por ende, al mercado, aún es escasa, lo que “ha repercutido” en el estancamiento de la productividad y el crecimiento a largo plazo del país.
Según LyD, la productividad total de factores, que crecía a tasas del 3,2% anual a comienzos de los años ‘90, se ha mantenido “estancada o con variaciones negativas durante la última década”, por lo que enfatizó el rol del sistema de innovación para generar “mejoras sostenidas” de eficiencia entre el capital humano y los recursos productivos.
I+D y capital humano
Durán advirtió que existe una desconexión entre “la estructura productiva y la científica”, lo cual limita la transformación del conocimiento en innovación productiva. Agregó que las compañías financian solo el 3,2% de la I+D ejecutada por las instituciones de educación superior.
“En términos absolutos, las empresas hacen poca I+D, y el gasto que financian no lo ejecutan dentro de las universidades. Es decir, no le están encargando a estas instituciones sus problemas productivos”, afirmó.
También dijo que el capital humano avanzado dedicado a la I+D sigue concentrado en las universidades con el 51,7%, mientras que el sector privado recibe un 31,5%. Para equilibrar estos números, planteó impulsar su inserción en las empresas productivas como aporte a la investigación aplicada, y en el sector público para el desarrollo de “soluciones innovadoras”.
Además, el Estado solo concentra el 8,1% del capital humano avanzado, y financia el 34,6% del gasto total en I+D, pero solo ejecuta el 7,7%, “lo que refleja, en cierta medida, la falta de capacidades para brindar soluciones innovadoras a problemas públicos”, consignó el informe.
Propuestas
Entre los lineamientos que LyD plantea para el diseño de políticas públicas, está reformar la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, simplificando su acceso mediante un esquema de control ex post, y ampliar el crédito tributario del actual 35% a niveles “más cercanos al 100%” del gasto en I+D.
Además, propone ampliar su alcance con la incorporación de mecanismos de reembolso para empresas que no registran utilidades y no pueden aprovechar el crédito contra impuestos, y recomienda reducir los umbrales de acceso para facilitar la participación de empresas de menor tamaño.
En materia institucional, postula fortalecer la coordinación entre los ministerios de Ciencia, Economía y Educación y robustecer la evaluación de los instrumentos públicos vinculados a la innovación.
También recomienda mejorar la transferencia tecnológica (investigación académica que llega al mercado). Para ello, propone revisar el modelo y financiamiento de las oficinas de transferencia y licenciamiento universitarias e incorporar indicadores de colaboración con el sector productivo en la asignación de fondos de Corfo y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).En la misma línea, plantea desarrollar “institutos tecnológicos aplicados” que actúen como intermediarios entre la ciencia básica y las necesidades de la industria.
Además, propone introducir mecanismos como los sandboxes regulatorios, que permitan probar nuevas tecnologías en entornos controlados, e impulsar las compras públicas para generar demanda por soluciones tecnológicas, siguiendo experiencias implementadas en la Unión Europea.
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