El debate respecto de la protección de los menores de edad en entornos digitales y redes sociales comenzó a tomar relevancia en el país, siguiendo la tendencia de lo que ha ocurrido en países como Brasil y Australia.
A comienzos de mes, 10 diputados presentaron el proyecto de ley que “Protege a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas” En paralelo, el gobierno está evaluando el uso de la Clave Única para comprobar la edad del usuario, un mecanismo que no genera consenso entre los expertos.
El anuncio lo realizó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, durante un conversatorio en torno al acceso de menores a las redes sociales organizado por la Universidad de los Andes, donde planteó que “existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños”.
Agregó que en Chile, al tener la Clave Única desde el Estado, “puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la App Store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido”.
No obstante, en una declaración por escrito enviada a DF, la ministra Wulf dijo que “actualmente estamos en una etapa de levantamiento de evidencia y análisis de distintas alternativas”, y en particular respecto del uso de la Clave Única comentó que “es uno de los mecanismos que han surgido en la discusión pública y que deberá ser evaluado por expertos”.
Este jueves el Ministerio de Desarrollo Social y Familia inicia una mesa técnica que evaluará, entre otros aspectos, el uso de la Clave Única para verificar la edad.
La ministra señaló que este jueves parten las mesas técnicas para construir un proyecto de ley. Las describió como un espacio de diálogo al que convocaron a distintos ministerios y organismos públicos -especialistas en infancia, salud mental, educación, seguridad y tecnología-, además de organizaciones de la sociedad civil, representantes de las plataformas digitales, comunidad escolar y niños.
“Queremos avanzar sobre la base de evidencia y experiencias comparadas, sin apresurar decisiones que puedan generar efectos no deseados o que luego sean difíciles de corregir. Una vez concluida esta etapa podremos definir qué medidas son las más adecuadas y qué herramientas normativas o regulatorias se requieren para implementarlas”, afirmó.
La diputada (RN) y una de las coautoras del proyecto de ley para proteger a los menores de 16 años, Ximena Ossandón, dijo que los niños y adolescentes enfrentan riesgos en las redes sociales, como contenidos violentos, bullyng y amenazas.
“Hay una responsabilidad de los padres de saber en qué andan sus hijos, pero la presión es tan brutal que el Estado debe apoyar, dado que muchos trabajan”, dijo.
Agregó que la propuesta de exigir la Clave Única para acceder a ciertas plataformas, “puede ser una barrera importante, pero debe analizarse con rigurosidad junto a otras alternativas que permitan proteger de mejor manera a nuestros menores de edad de los riesgos que existen en el entorno digital”.
Viabilidad
La directora de privacidad y protección de datos de Magliona Abogados, Jessica Matus, señaló que utilizar la Clave Única para verificar la edad de los usuarios podría ser “jurídicamente viable”, pero advirtió que ello dependerá de cómo se diseñe el sistema. Explicó que el objetivo debiera ser acreditar únicamente si una persona supera o no un determinado umbral etario, sin revelar su identidad.
Indicó que avanzar en una solución de este tipo requeriría incorporar mecanismos de anonimización y “doble ciego, es decir, que ni el Estado ni la plataforma puedan conocer la identidad del usuario”.
Para el socio principal de H&CO Abogados y exsenador, Felipe Harboe, la Clave Única presenta “múltiples falencias” como mecanismo de validación, y dijo que el gobierno deberá buscar otras alternativas que permitan identificar a “ciencia cierta” la edad de los potenciales usuarios a limitar.
Harboe advirtió que exigir a las plataformas globales la integración de una credencial estatal chilena sería “muy complejo. Nuestra capacidad de negociación con las grandes plataformas es bastante reducida y podrían generarse efectos sistémicos en las redes sociales. Quizás podrían aceptar un mecanismo de verificación público, pero este debe contar con ciertas características de veracidad, actualización permanente y seguridad”, señaló.
Frente a los riesgos que enfrentan los menores en las redes sociales, el abogado indicó que esto requiere un “cambio cultural” en las conductas de interacción virtual, donde la educación digital “resulta fundamental”, ya que “instalar un cambio en base a una norma podría ser algo difícil de lograr”.
“Establecer mecanismos de control va en la dirección correcta, sin perjuicio de que hay que ser muy cuidadosos con evitar la afectación de derechos fundamentales”, añadió Harboe.
En tanto, el académico de la Universidad de Chile y exdirector de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, planteó que existe “una complejidad tecnológica” para llevar adelante esta propuesta, pues “las grandes plataformas de redes sociales tendrían que permitir una habilitación de un acceso (login) a través de la Clave Única, lo que implica una integración en el operador tecnológico. Y eso no es sencillo, no conozco un caso similar”, dijo.
Agregó que previamente es necesario contar con un “régimen de doble factor de autenticación robusto” en la Clave Única y una campaña de concientización.
Álvarez comentó que este asunto es una responsabilidad de los padres y del sistema educacional: “Uno podría pedirle a las mismas plataformas que hagan la verificación de identidad mediante documento -que algunas lo hacen-, pero pondría un esfuerzo importante en educación, concientización y responsabilidad. Esto debiera ser un tema de preocupación nacional”, afirmó.
Experiencia comparada
Fuera de Chile también se ha instalado el debate. Esta semana, el gobierno británico dio a conocer que busca prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años.
El primer ministro Keir Starmer dijo este lunes que presentará un proyecto de ley en el parlamento antes de Navidad, el cual también incluiría restricciones a plataformas de videojuegos y aplicaciones de transmisión en directo.
Además, en Australia, en diciembre pasado, comenzó a regir una ley que prohíbe que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, la que establece que son las empresas tecnológicas las que deben desactivar las cuentas que no cumplan con el requisito de mayoría de edad, y si no lo hacen, arriesgan multas de hasta US$ 33 millones.
Según The New York Times, las plataformas deben inhabilitar estas cuentas por medio de herramientas de estimación y verificación de edad, entre ellas, factores como cuánto tiempo ha estado activa la cuenta; si interactúa con otros usuarios menores de edad; análisis facial o de voz; o patrones de actividad coherentes con el horario escolar.
Según otro artículo del mismo medio, transcurridos seis meses la evidencia “indica que la ley ha fracasado en gran medida (...) lo que supone un comienzo decepcionante para una iniciativa observada con atención por padres y gobiernos de todo el mundo”.
Por otro lado, Matus de Magliona Abogados, abordó la aplicación de la verificación etaria “anónima, de código abierto e interoperable” que presentó la Comisión Europea en abril de este año, la que permitirá confirmar si una persona supera cierta edad sin revelar otros datos personales, subiendo su pasaporte o documento de identidad.
En abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la herramienta -enmarcada en la estrategia de protección de menores bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA)- está “técnicamente lista” y que pronto estará disponible para los ciudadanos de la Unión Europea.
Matus también destacó el caso de Brasil y el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (ECA Digital), que prohíbe la autodeclaración de edad por parte de menores y “traslada mayores responsabilidades a las plataformas” en materia de verificación, junto con prohibiciones sobre la publicidad conductual y el perfilado de los menores.
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