La discusión sobre el uso de contenidos periodísticos por parte de grandes tecnológicas cobró fuerza en Chile tras la demanda presentada en 2024 por Copesa contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusando abuso de posición dominante en los mercados de noticias online y publicidad digital, y desvío del tráfico desde los sitios web de noticias hacia la propia página de resultados búsqueda de Google, sin pagar licencias.
Incluso, el miércoles pasado se sumaron los principales canales de televisión chilenos a la causa. En este contexto, prácticas como el webscraping de medios y la redirección de contenidos periodísticos han generado debate sobre su legitimidad y la afectación a los medios de comunicación.
El socio principal de H&CO Abogados y exsenador, Felipe Harboe, explicó que el webscrapping es la extracción “automatizada y masiva” de información desde sitios web mediante bots, scripts (instrucciones escritas en un lenguaje de programación) o herramientas de automatización, “sin consentimiento del titular de derechos”.
En tanto, señaló que la redirección implica la captura y republicación, total o parcial, de materiales periodísticos en otras plataformas, “generalmente con fines comerciales”.
Harboe comentó que las prácticas más comunes incluyen servicios que redistribuyen noticias a organizaciones (clipping), agregadores de noticias -como Google News- que reproducen artículos o fragmentos extensos sin “licencia explícita”, y minería de texto y datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial (IA). También mencionó la extracción de títulos y metadatos para posicionamiento en buscadores, “que desplaza tráfico del sitio original”.
El gerente senior de Deloitte Legal, Oliver Ortiz, señaló que estas prácticas también incluyen modalidades como el deep linking (enlaces profundos) y embedding (incrustación), “que eluden la portada y el aviso principal de los medios”, y el avance de herramientas como los “resúmenes generativos y AI Overviews” en motores de búsqueda, como Google.
“Los medios tienen un rol público y de confianza súper importante (…) Si los gigantes tecnológicos están siendo intermediarios del acceso a la información, eso impacta en la confianza pública y puede afectar hasta la sostenibilidad de los medios”, dijo Macarena McKay.
“Los medios tienen un rol público y de confianza súper importante (…) Si los gigantes tecnológicos están siendo intermediarios del acceso a la información, eso impacta en la confianza pública y puede afectar hasta la sostenibilidad de los medios”, dijo Macarena McKay.
Dijo que la agregación de noticias -recopilación y visualización automatizada proveniente de diversas fuentes- puede ser legítima cuando se limita a fragmentos breves, existe atribución clara, se incorpora un hipervínculo al contenido original o no compite comercialmente.
“Es claramente infractora cuando reproduce párrafos completos o una porción sustancial que permite al usuario acceder al contenido sin visitar el sitio original”, afirmó.
Implicancias y dilemas éticos
Ortiz, de Deloitte Legal, indicó que este tipo de prácticas generan una “brecha de valor”, en la que plataformas capturan la mayor parte del ingreso publicitario “sobre contenido que no producen ni financian, generando un menoscabo a quienes sí han invertido los recursos en producir dicho contenido. Las plataformas de scrapping y clipping no investigan, recopilan, ni evalúan información, las tareas clave de un editor, sino que extraen lo que pueden encontrar”.
En esa línea, destacó que la Unión Europea estableció el licenciamiento obligatorio en el artículo 15 de la Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de 2019, que introduce derechos conexos para los editores de prensa y les permite controlar el uso en línea de sus publicaciones, por ejemplo, de agregadores de noticias y plataformas.
Harboe, en tanto, dijo que prácticas como el webscrapping permiten el acceso gratuito a contenido de pago, lo que reduce los “incentivos para suscribirse”, afectando además los ingresos publicitarios cuando el tráfico de los sitios es desviado, y debilitan las licencias de reproducción que los “medios solían comercializar”.
El abogado también advirtió vacíos regulatorios en el país. Entre ellos, la ausencia de derechos conexos para editores de prensa, la falta de un marco regulatorio para la minería de texto y datos, y que “la Ley de Propiedad Intelectual no establece claramente si plataformas agregadoras tienen obligación de bloquear contenido scrapeado -extraído automáticamente desde sitios web- o avisar a titulares”.
La directora de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile, Macarena McKay, señaló que el problema no son las prácticas y las tecnologías en sí, sino cómo se usan. Agregó que el dilema surge cuando grandes tecnológicas capturan valor del trabajo periodístico sin una “relación justa” con quienes producen el contenido.
“Los medios tienen un rol público y de confianza súper importante. Hay que preguntarse si las plataformas están ayudando a que el periodismo crezca y sea más fuerte, o si le están sacando valor agregado. Si unos pocos gigantes tecnológicos están siendo intermediarios del acceso a la información, eso tiene impacto en la confianza pública y puede afectar hasta la sostenibilidad de los medios. Hay que ver cómo hacer que estos dos mundos puedan convivir, con reglas claras”, añadió McKay.
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