Este martes, luego de semanas de espera, la sala de la Cámara de Diputados debatió los cambios y votó a favor en general el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA) ingresado por el Ejecutivo en mayo de 2024.
El mensaje presidencial fue aprobado por 63 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones. Sin embargo, el artículo 28 que regula el procedimiento de reclamación judicial derivado del ejercicio de un derecho -que por ser norma de rango orgánico constitucional- fue rechazado, por lo que el proyecto volverá a la Comisión de Futuro para continuar con su discusión en particular.
El mensaje presidencial tenía urgencia suma, por lo que se debía votar en general y en particular para definir su paso al Senado, pero cuando la Sala de la Cámara comenzaba la sesión, el Ejecutivo retiró la urgencia. Fuentes de la corporación dijeron a DF que se debe a que no contaban con los votos suficientes para ser aprobada.
Se trata de uno de los proyectos más relevantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de innovación. Además, era la primera aparición en el Congreso del recientemente nombrado ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle.
El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, durante el debate. Foto: Johanna Zárate
El debate previo a la votación estuvo marcado por los contrapuntos de los diputados del oficialismo y la oposición, quienes esgrimieron una serie de argumentos.
Desde ambos lados del hemiciclo coincidieron en que la IA representa uno de los mayores desafíos tecnológicos y sociales del siglo, pero el desacuerdo persiste en cómo regularla.
Por un lado, las bancadas oficialistas respaldaron la propuesta, destacando que Chile podría convertirse en el primer país de la región en contar con una regulación legal sobre esta materia.
Parlamentarios como Helia Molina (PPD), Jaime Sáez (FA) y Juan Santana (PS) señalaron que la IA ya es una realidad en múltiples ámbitos -desde sistemas de crédito y salud, hasta vigilancia y educación- y que el país no puede quedarse sin un marco que proteja los derechos fundamentales. El proyecto, aseguraron, adopta estándares internacionales, propone una clasificación de sistemas basada en niveles de riesgo y contempla una institucionalidad específica para su fiscalización.
En contraste, sectores de la oposición cuestionaron el diseño del proyecto. Diputados como Francisco Undurraga (Evópoli), Marta Bravo (UDI), Diego Schalper (RN) y Paula Labra (RN) acusaron sobrerregulación, falta de adaptación a la realidad chilena y un enfoque excesivamente punitivo. “Legislar no es copiar y pegar”, dijo Undurraga, criticando que se importen estándares europeos sin considerar el tamaño y la madurez del ecosistema local.
El proyecto de ley de 31 artículos y tres disposiciones transitorias tiene como objetivo resguardar los derechos fundamentales de las personas ante la nueva tecnología, mediante la creación de un marco ético y jurídico que regulen los riesgos asociados al desarrollo, distribución, comercialización y utilización de la inteligencia artificial.
Por otra parte, busca impulsar el desarrollo, la utilización y su adopción, con el propósito de promover procesos de innovación y aplicación, todo ello, en el marco que sea exigible el cumplimiento de sus normas, a toda persona natural o jurídica que desenvuelva su actuar con sistemas de IA.
Cuenta con ocho principios rectores y establece una regulación basada en cuatro categorías de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente.
En relación a la gobernanza en materia de IA, el mensaje contempla la creación del Consejo Asesor Técnico de IA, y la fiscalización y cumplimiento de la regulación, a cargo de la agencia encargada de la protección de datos personales.
Durante su tramitación en la Comisión de Futuro, esta figura de gobernanza fue criticada por los diputados, quienes consideraron que en su composición había una alta presencia estatal en desmedro de perfiles técnicos. Finalmente, mediante indicaciones se equilibró su configuración.
También establece multas de hasta UF 20.000 por infracciones, unos $ 1.300 millones.
El mensaje presidencial llegaba a la Sala con un antecedente negativo luego que la Comisión de Hacienda de la corporación rechazara el informe financiero del proyecto, con críticas al gasto fiscal que implica el articulado.
También sumaba detractores del ecosistema, desde startups hasta gremios como la ACTI (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información), la Cámara de Comercio de Santiago, Cámara Nacional de Comercio (CNC), Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Fintech de Chile (FinteChile), la Asociación de Legaltech de Chile y Chile Data Centers.
Estos actores criticaron la rigidez normativa de la propuesta, los obstáculos al desarrollo de modelos de IA, los posibles riesgos para el desarrollo tecnológico nacional, la sobrerregulación, el desalineamiento internacional y un potencial impacto negativo en la competitividad regional.
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