Un desconocido litigio minero se está librando en tribunales del país, con varias acciones civiles y penales en curso. Los protagonistas son, por lado la inversionista Eva Goldsmith -pareja del fallecido empresario minero José Agustín Bahamondes-, y, por otro, el abogado Juan Francisco Varela, y dos ejecutivos vinculados a la firma Tesoro, Sergio Uribe y Zeffron Reeves.
Todo, por el desarrollo del proyecto minero El Zorro, un yacimiento de oro, ubicado en Atacama, a 33 kilómetros de Caldera. Se trata de una iniciativa que, según datos de una de las causas legales, podría tener una valorización como activo entre los US$ 552 millones y los US$ 736 millones, considerando que la mina tendría un potencial entre 150 mil y 200 mil onzas de oro.
En uno de los últimos eslabones de este litigio, Eva Goldsmith -que en su momento constituyó con el fallecido Bahamondes la sociedad Wanaco, como participes del citado proyecto-, interpuso una querella bajo el delito de prevaricación en contra del mencionado abogado y de los otros dos ejecutivos como partícipes “extraneus” del caso.
Según el relato de esta querella, hasta 2017 los querellantes eran los únicos titulares de los derechos de las concesiones mineras tras el proyecto. Pero para desarrollarlo, tomaron contacto con Sergio Uribe y Zeffron Reeves, quienes según información pública figuran en el board de la firma australiana Tesoro Gold. Y como ocurría que los gestores de las pertenencias habían tenido un conflicto con otro potencial inversionistas, Mario Iván Hernández, Uribe junto con el abogado Varela ofrecieron y los querellantes aceptaron montar un defensa legal para solucionar el problema con Hernández y, a la vez, desarrollar el proyecto.
En simple, el acuerdo cuajó en que los querellantes aportaron las pertenencias mineras y los inversionistas financiarían el proyecto minero en cuatro etapas, hasta completar el 80% de las acciones, en intervalos acordados de 10%, 51%, 70% y 80%, pues cada etapa contemplaba concretar inversiones por parte de los inversionistas. Los querellantes se quedarían con el 20%.
Según la querella, Varela “se presentó a sí mismo y se fue consolidando como abogado de la empresa en común, generando expectativas de lealtad y cuidado respecto de los intereses de ambas partes”, señalando además en el escrito que el directorio de la sociedad quedó conformado por Sergio Uribe, José Bahamondes, y el mencionado abogado.
¿El problema? Según la querella patrocinada por el abogado Cristophe Giroux, a principios de 2020, Varela y Uribe, en colaboración con Reeves, presionaron para que Bahamondes y Wanaco autorizaran el ejercicio de las opciones de las etapas 2 y 3 aun sin haber efectuado las inversiones que exigía el contrato, de modo de facilitar el ingreso de Tesoro Australia (la matriz de Tesoro Chile) a la bolsa australiana, bajo el argumento que, si no tenían un porcentaje importante del activo, Tesoro Australia no entraría a la bolsa ni podría obtener los capitales para el desarrollo de la mina.
Y luego -siempre según la querella-, ya con la mayoría accionaria y en actos “ideados y ejecutados por Sergio Uribe y Francisco Varela”, se aprobó el 11 de febrero de 2021 un aumento de capital por el que Tesoro suscribió acciones de nueva emisión, quedando con el 85% de El Zorro. No obstante ello, Tesoro decidió no ejercer la opción de la cuarta fase, que implicaba un pago de US$ 50 mil a favor de los querellantes. Finalmente, mediante un nuevo aumento de capital, ya en junio de 2023, los querellantes quedaron con poco más del 4% de El Zorro.
En suma, según los querellantes, mediante estos actos, lograron ir despojándolos de su participación original en el proyecto, pero sin haber cumplido con las inversiones comprometidas. La prevaricación se configura, según la querella, pues Varela aconsejó a Bahamondes a que celebrara actos jurídicos que permitieron a Tesoro aumentar su participación en El Zorro sin cumplir con los requisitos acordados.
La defensa del abogado
Sin embargo, desde la otra vereda, el estudio Barros Silva Varela & Vigil -al que pertenece Varela- negó “total y categóricamente las falsas imputaciones que, de manera inaudita, se pretenden imputar en la querella a uno de nuestros socios”.
“Esta querella, una nueva acción infundada y totalmente falsa, se enmarca en un conflicto judicial comercial que partió hace más de cinco años con uno de los clientes de nuestro estudio. Creemos que es una nueva instrumentalización del sistema penal para presionar e intentar forzar pagos millonarios, del todo improcedentes, que no pudieron conseguir en la sede judicial correspondiente”.
“Hay que recordar que recientemente el tribunal civil de primera instancia rechazó todas y cada una de las demandas civiles interpuestas por los querellantes e incluso los condenó al pago de las costas del proceso. Es evidente que esta nueva querella es consecuencia de aquello y lamentamos profundamente la instrumentalización intimidatoria que se hace de nuestro sistema penal”, dijeron.
En efecto, hay al menos dos acciones civiles que ya fueron rechazadas para Wanaco. Una es una demanda ejecutiva patrocinada por el abogado Ioannis Constantinidis, por la que buscaba la entrega de los terrenos de las concesiones mineras. La otra es una acción de nulidad de los aumentos de capital, patrocinada por los abogados Francisco Zúñiga y Boris Santander.
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