Fue el 15 de noviembre de 2024. Era viernes por la noche y el mercado se preparaba para cerrar la semana. Pero ese día, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lanzó una bomba de racimo cuyos efectos todavía resuenan, un año después. A través de una resolución exenta de cuatro páginas, el regulador reveló que parte de los fondos administrados por Sartor AGF había financiado créditos emitidos por sociedades vinculadas a sus propios directores o accionistas. Entre ellas, operaciones con entidades relacionadas a Pedro Pablo Larraín y Michael Clark.
Esa misma jornada, la CMF convocó a una sesión extraordinaria y resolvió suspender los aportes a los fondos públicos administrados por Sartor. Lo que vino después fue una reacción en cadena que sacudió al mercado y a los inversionistas. La administradora entonces manejaba cerca de US$ 400 millones y contaba con cientos de aportantes individuales e institucionales. En cuestión de días comenzaron rescates y el nerviosismo se instaló en la industria.
Tres semanas más tarde llegó otro golpe, aún más duro: el Consejo de la CMF suspendió los rescates de los fondos. Pero la crisis no se detuvo. El 20 de diciembre, el regulador dio el golpe final: revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó a un liquidador para hacerse cargo de la administradora.
Desde entonces, el caso Sartor se ha desplegado en múltiples frentes: recursos, arbitrajes, querellas y demandas interpuestas por empresas, clientes y los propios socios de la firma. Hoy la AGF ya está vacía, pero el caso sigue abierto en tribunales y con capítulos aún en desarrollo.
A un año de la primera resolución del regulador, este es el estado actual de sus protagonistas: los socios, los directores, el interventor y los actores que marcaron el inicio (y el final) de esta crisis financiera.
Proceso de quiebra
La página web de Sartor AGF ya no está disponible. Ya no muestra información corporativa ni estados financieros; sólo despliega un mensaje señalando que el sitio ya no opera. Desde agosto, la firma dejó de gestionar fondos, los cuales fueron traspasados -en distintos momentos y a diferentes compañías- bajo la supervisión del liquidador Ricardo Budinich. Además, según pudo confirmar DF MAS, ya no queda ningún trabajador contratado por Sartor AGF: los últimos pagos y finiquitos se cursaron entre septiembre y octubre.
Budinich, quien tuvo un rol central durante la intervención, tampoco sigue vinculado a la operación. Su etapa formal terminó cuando los estados financieros fueron entregados a Toesca, la gestora que tomó el control administrativo de los últimos fondos de inversión. Con ese traspaso finalizado, los equipos fueron desarmados y los trabajadores dejaron de formar parte de la empresa.
Aun así, Budinich continúa figurando como representante legal de Sartor AGF, especialmente para un procedimiento que acaba de iniciar: a comienzos de noviembre, la administradora solicitó su liquidación voluntaria. En esa presentación, la sociedad declaró no contar con ingresos y detalló deudas por cerca de US$ 2 millones. Entre ellas, un monto de $ 1.492 millones correspondiente al arriendo de las oficinas de Cerro El Plomo 6000 -propiedad de un fondo de Independencia-, además de $ 683 millones por restitución de comisiones en exceso al fondo Sartor Leasing y otros $ 430 millones al vehículo Sartor Proyección, ambos hoy gestionados por Toesca.
En la misma documentación, la firma detalló además sus procesos judiciales pendientes: nueve causas laborales -incluyendo demandas de los ex altos ejecutivos Alfredo Harz y de Juan Carlos Jorquera-, una causa civil y un arbitraje con Credicorp ante la CAM Santiago, cuyo tribunal es presidido por Octavio Bofill.
Los colaboradores más cercanos a Budinich ya tomaron distintos rumbos. Gastón Iróume, ex portfolio manager de Sartor, se incorporó a Toesca hace dos meses como asesor de gestión de cartera, movimiento que en la industria se interpretó como una jugada estratégica, ya que Iróume conocía de primera mano el estado real de los fondos. Max Busch, otrora gerente de activos alternativos de la administradora, asumiría como CFO en una empresa del sector productivo.
Otra figura clave que cambió de rumbo es Francisca Valenzuela, exgerenta de activos inmobiliarios -una pieza clave en los vehículos ligados al real estate-, quien recientemente se incorporó a Zurich como senior asset manager.
PPL: entre la defensa y nuevos proyectos
Pedro Pablo Larraín Mery es el rostro más visible de Sartor. Fundador y principal figura del grupo, lideró su expansión por más de una década y, al momento del colapso, presidía el directorio de la administradora. Desde entonces, se convirtió en el principal foco y ha dedicado buena parte de su tiempo a su defensa.
Una de las últimas acciones judiciales que enfrenta es la demanda presentada por el Fondo de Inversión Sartor Facturas USD, hoy administrado por la AGF de Ameris. En ese libelo se detalla que la sociedad Danke SF adeuda al vehículo más de US$ 15 millones, y que Larraín Mery aparece como responsable por haber firmado los pagarés en representación de esa sociedad.
Desde un comienzo, Pedro Pablo Larraín discrepó con la actuación de la CMF: primero con la suspensión de aportes, luego con la de rescates y, más tarde, con la intervención directa del regulador. Ha sostenido a sus cercanos que todo el proceso fue ilegal y que llegará “hasta el final” para demostrarlo. También ha cuestionado actuaciones de otros actores, como la autodenuncia de exejecutivos y la gestión posterior de algunos fondos. Por eso ha interpuesto diversos recursos e incluso querellas en distintas aristas del caso.
En paralelo, explican en su entorno, Larraín se ha distanciado de algunos colaboradores y ha estrechado la relación con otros. Además, personas que han conversado con él aseguran que PPL lleva meses comunicándose con clientes y acreedores de vehículos no intervenidos por la CMF. Les ha transmitido que está buscando fórmulas para ordenar las deudas y avanzar en eventuales acuerdos, evitando entrar en más procesos judiciales. “Está activo, entero, pero también reconoce que este proceso ha sido muy duro para él y su familia”, comenta un amigo cercano. En esas conversaciones, agregan, Larraín -creyente católico- ha dicho que “Dios lo ha puesto en este camino”, y que la fe ha sido una forma de sostenerse.
A pesar de todo, no se ha alejado del mundo financiero. Mantiene contacto con antiguos colaboradores, entre ellos Rodrigo Bustamante, con quien a comienzos de octubre -ambos en representación de Sartor Gestión Inmobiliaria- constituyó en una notaría de Santiago la sociedad Nueva Hipódromo Real Estate Consulting SpA, dedicada a la asesoría y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la gestión y comercialización de bienes raíces y la participación en sociedades del rubro. El capital inicial fue de $ 2,7 millones. Bustamante, según su LinkedIn, hoy ejerce como director ejecutivo de Andes Capital Wealth Management, la continuación de Sartor Capital Wealth Management, la firma a cargo del negocio de gestión patrimonial. Hoy, de acuerdo a recortes del Diario Oficial, es su único socio.
El rol de Toesca
Esta semana, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de reclamación presentado por Sartor en contra de la resolución de la CMF que revocó su autorización de existencia. Para varios aportantes y ex clientes de la administradora, el fallo fue un balde de agua fría: interpretan que sus márgenes de negociación con las gestoras que hoy controlan los vehículos de Sartor -Weg, Ameris y Toesca- son prácticamente nulos.
Toesca, por ejemplo, opera los activos desde agosto. Entre otras medidas, creó comités asesores encargados de ejecutar los procesos de liquidación y definir el orden de pago a los acreedores. La idea no convence a todos: algunos aportantes prefieren mantener ciertos fondos en administración y no avanzar tan rápido hacia la liquidación.
El proceso está siendo liderado por Manuel Ossa, socio de Toesca, y hasta ahora la recepción del mercado ha sido positiva. Esta semana sostuvieron una reunión con clientes de uno de los ex fondos de Sartor y, en semanas previas, realizaron encuentros similares con otros grupos de inversionistas. En varias de esas instancias -según asistentes- se ha expuesto el funcionamiento interno de Sartor y se ha hablado abiertamente del esquema que derivó en distintas irregularidades.
La gran duda sigue siendo cuándo comenzará el reparto de recursos, porque, según distintas fuentes, la gestión de Budinich logró recuperar millonarios montos y aún falta procesar parte de esa información.
En paralelo, aportantes de los vehículos intervenidos reclaman falta de comunicación del regulador. Algunos señalan que todavía no reciben una notificación formal de la CMF informando el cierre definitivo de Sartor AGF.
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Mateo Navas
