La Dirección del Trabajo (DT) informó ayer que un total de 19 empresas fue sancionada por los tribunales de justicia durante el primer semestre por haber incurrido en prácticas antisindicales.
Esta vez los tribunales aplicaron multas por $ 44.443.728 millones, además de ordenar el cese inmediato de las infracciones cometidas, consideradas graves por el ordenamiento legal debido a que violentan el ejercicio de la libertad sindical. También disponen las medidas de reparación que consideren adecuadas a la ilegalidad incurrida.
A partir de la sentencia ejecutoriada, las empresas condenadas no pueden ser proveedoras del Estado durante dos años, es decir, quedan excluidas del Sistema de Compras Públicas del Estado por el periodo citado.
El director del Trabajo, Christian Melis, explicó el número de condenas es el mismo que en el segundo semestre de 2015 y que no hubo repeticiones.
Entre las infracciones aparecen discriminación por sindicación, reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, separación ilegal de dirigente sindical, prácticas desleales y vulneración del derecho a la libertad, entre otros.