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Publicado: Lunes 3 de abril de 2017 a las 04:00 hrs.
El viernes venció el plazo para que autoridades y funcionarios del Estado presentaran sus declaraciones de intereses y patrimonio en función de la ley 20.880 de Probidad en la Función Pública. El medio utilizado fue un formulario electrónico único, que fue revisado por los respectivos jefes de servicio. Tras esa primera etapa, las declaraciones pasaron a la Contraloría, entidad que -tras revisarlas- las remitió al Consejo para la Transparencia para su publicación en www.infoprobidad.cl
El reglamento respectivo implica que serán públicas las declaraciones de, por ejemplo, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, alcaldes, concejales y otras autoridades. El resto, que conforma el grueso de los funcionarios que por la nueva ley deben declarar, no serán públicas en el portal, pero quedarán en resguardo del órgano fiscalizador del poder correspondiente.
Estas obligaciones forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia y buscan subir el estándar y exigencia para quienes ejercen funciones en alguna institución del Estado. 
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.