Podemos, la casa de 2.000m2 y la disyuntiva del Frente Amplio chileno
La coalición chilena debería definirse respecto del partido de Pablo Iglesias, admirador de Chávez y cuya coherencia política está hoy cuestionada en España.
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Las aguas no están calmadas el interior del Frente Amplio a propósito de la polémica compra de una casa para uso habitacional de los líderes de la izquierda populista española de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero. La pareja enfrenta una crisis sin precedentes por el chalet –como le llaman en España– de 600.000 euros, con 250 metros construidos, 2000 de terreno, piscina y casa de invitados ubicada en Galapagar, a unos 40 kilómetros de Madrid. En una crisis sin precedentes que apunta a un asunto esencial, la coherencia de su relato político, una de las esquirlas de la controversia saltó miles de kilómetros al otro lado del Pacífico y estalló en la coalición chilena. Tanto el diputado Gabriel Boric del Movimiento Autonomista, como el partido de mayor importancia del conglomerado, Revolución Democrática, han respaldado a los Iglesias-Montero, mientras que otras fuerzas –como el Partido Liberal– estarían en contra de haberse sumado a la polémica y apoyar la compra. Los disidentes guardan silencio –hasta ahora– para no dejar en evidencia nuevamente las diferencias, como con Venezuela.
Ni Boric ni RD ni los disidentes han querido profundizar públicamente en un asunto que evidencia sus fisuras internas, pero que tiene relevancia por varios motivos: porque el Frente Amplio mira a Podemos, porque lo de España muestra la dificultad de mantener la coherencia de los discursos políticos –la gente y la casta, los de arriba y los de abajo, como propugna el post marxismo– y porque, finalmente, el Frente Amplio debería despejar si se siente o no cercano a un partido que en su minuto se interesó en importar el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez a Europa ante la crisis socialdemócrata.
Los chilenos del Frente Amplio miran con atención la experiencia de Podemos, que en España se propuso romper con el bipartidismo. Su irrupción electoral, su despliegue territorial y sus discusiones teóricas, porque comparten a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe como sus referentes intelectuales. Ambas fuerzas emergieron casi en paralelo –Podemos fue la catalización política del movimiento de los indignados de la Puerta del Sol, como el Frente Amplio lo fue en buena medida de las movilizaciones estudiantiles de 2011–, aunque los chilenos se encuentran sin duda en una fase temprana respecto de los españoles.
Los lazos personales entre los líderes de Podemos y el Frente Amplio, adicionalmente, han sido públicos.
Pablo Iglesias e Irene Montero –número uno y número dos de Podemos– esperan gemelos y antes de su nacimiento han decidido cambiarse a la casa de Galapagar, contrayendo un crédito hipotecario a 30 años por los 600.000 euros que cuesta (unos 440 millones de pesos chilenos). Ambos son diputados y podrían permitírselo, aunque los medios españoles han informado que ninguna entidad financiera da un crédito por 30 años a dos personas con contratos temporales (llevan dos años de ejercicio de los cuatro por los que fueron elegidos). La hipoteca media en España es de 120.000 euros a 24 años.
Al margen de estos asuntos, el problema radica en otros lugares. Sobre todo, en la incoherencia de la compra con el discurso político previo. Fueron ellos –Podemos– los que se fundaron sobre postulados críticos frente a la elite y su motivo principal era representar a “la gente” frente “a la casta”, como explicaba la belga Chantal Mouffe en su visita a Chile de abril.
Fue Iglesias el que en 2012 criticaba en un tuit que Luis de Guindos, exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central español, haya comprado un ático de lujo de 600.000 euros. Meses antes de las elecciones generales de 2015, el propio Iglesias criticaba “el rollo de los políticos que viven en chalés y se aíslan”. En la carrera interna que enfrentó a Iglesias con Iñigo Errejón, en varias ocasiones Iglesias señaló que su competidor empezaba a vestirse como “la casta”, apuntando a su tipo de chaquetas. Finalmente –para Iglesias–, todos símbolos de una oligarquía que supuestamente Podemos debía combatir.
Su suerte se definirá este domingo, cuando termine la consulta a sus bases sobre la continuidad de los Iglesias-Montero al frente de Podemos.
Sus defensores señalan que están siendo víctimas de los poderosos, aunque dentro de Podemos existen fuertes críticos. “No quiero dejar de vivir en un piso de currante [trabajador]”, señaló José María González, alcalde de Cádiz, de la corriente Anticapitalista de Podemos. El alcalde indicó que el código ético del partido “no es una formalidad, sino el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y aquello supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo”, porque los cargos públicos de Podemos no pueden superar los tres salarios mínimos. González explicó el sentido de esta medida: “No parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales”.
Dos diputados del Frente Amplio, Boric y Jackson, buscan limitar la dieta parlamentaria. Los discursos de la coalición están marcados, como el de Podemos, por sus críticas a la elite y a la oligarquía. El conflicto que enfrentan Iglesia y Montero –de 30 años, que vivió una temporada en Chile, según la prensa española– puede servir de lección para la joven coalición chilena que ha mostrado no tener una posición uniforme en asuntos sustantivos como Venezuela.
Algo parecido sucede en España, donde los líderes de Podemos han sido tibios con Caracas y prefieren olvidar el pasado. Iglesias es un admirador declarado de Hugo Chávez, al igual que uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que asesoró al gobierno de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Dada la polémica del chalet, quizá el Frente Amplio debería repensar su política internacional o, al menos, cristalizarla ante la opinión pública.