Desde la Carta Magna en adelante y en el moderno Estado de Derecho el principio de reserva legal constituye la mayor garantía para los contribuyentes de la generación democrática de los impuestos.
No podemos olvidar que esta norma aparentemente formal, contiene un mandato dirigido al parlamento en el sentido que es él y solo él como el órgano más representativo de la sociedad el llamado a establecer, modificar y derogar tributos. De la misma manera y en sentido contrario el principio de reserva legal implica una prohibición a cualquier otra autoridad a establecer impuestos. En ambos aspectos la reforma tributaria corre el riesgo de no estar a altura de los requerimientos constitucionales.
En efecto y sin perjuicio que la iniciativa exclusiva de cualquier reforma tributaria corresponda al Presidente de la República, esta atribución se le otorga exclusivamente en su rol de colegislador y, en ningún caso, como autoridad administrativa. Pretender que el Congreso de la República actúe como un mero tramitador de la Reforma Tributaria, que la despache con una urgencia desproporcionada en relación a su importancia y la gradualidad de su aplicación, ya que la parte más importante de ésta no comenzará a regir sino desde el 2017, equivale a otorgar a una autoridad distinta de aquella que la Constitución establece, por muy alta que sea su investidura, el poder de establecer tributos, e implica una renuncia injustificada al mandato constitucional de que éstos sean establecidos no sólo en cuanto a la forma, sino también y en lo que es más importante, respecto de su contenido, por el legislador.
Desde otro punto de vista, la Reforma pretende otorgar a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, el poder de establecer mediante una interpretación analógica nuevos hechos gravados respecto de actos y contratos que el legislador ha liberado o exonerado de impuestos, lo que implicaría una nueva y permanente renuncia al mandato constitucional dirigido al legislador y una violación a la prohibición correlativa que afecta a los funcionarios de la administración.
Chile necesita sin duda de una reforma tributaria, ésta debe ser eficiente y generar los recursos que los actuales tiempos requieren, pero en su proceso de generación y futura aplicación el país y sus instituciones deben ser fieles a su valiosa tradición democrática.
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