Por Víctor Hugo Moreno
Hasta el 15 de junio tiene plazo Chile para presentar la excepción preliminar solicitando la impugnación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ante la demanda boliviana por una salida soberana al mar. Si bien dentro del gobierno, el comité de asesores y los parlamentarios, existe pleno consenso de llevar adelante dicho recurso, difieren en el cuándo hacerlo.
Tanto fuentes del Comité Asesor de los 35, como algunos parlamentarios, sostienen que no existe, aún, certeza jurídica para la impugnación en el plazo de los 90 días que se tienen para tal efecto. Un diputado que asistió a la reunión de la mandataria con la comisión de RR.EE de la Cámara, confesó, que el gobierno cada vez se inclina más por impugnar en la contramemoria del 15 de febrero, junto con los argumentos de fondo. Ello podría explicarse, desde el punto de vista legal, porque la memoria boliviana, además de aludir al Tratado de 1904, esgrime los intentos de acuerdo entre ambos países en 1975, y en la agenda de los 13 puntos establecida en la anterior administración de Bachelet, donde en el punto 6 se incluía el tema marítimo.
Si bien dentro del Comité Asesor primaría la opción de pedir la impugnación preliminar, debido a que el Tratado de 1904 excede la competencia de la Corte, que sólo revisa temas posteriores a 1945; y porque los intentos de acuerdos posteriores no generan ningún reconocimiento de derechos hacia Bolivia, aún no existe pleno acuerdo al respecto, lo que podría estar haciendo dudar al gobierno de invocarlo en este primer plazo. En esa línea el presidente de la instancia legislativa, diputado Jorge Tarud (PPD), manifestó que “pese a que tenemos matices en cuanto a la oportunidad de impugnar la Corte, tenemos la unanimidad en cuanto que la Corte es incompetente ante la demanda de Bolivia”.
El Canciller, Heraldo Muñoz, explicó que “hay varios factores, algunos jurídicos que son complejos y vamos a referirnos a ellos cuando la Presidenta adopte una decisión. Siempre hay elementos políticos en una decisión de esta naturaleza, pero hay que tomar en su debido peso qué argumentos nos permiten defender mejor el interés de Chile, eso es lo fundamental”.
Por su parte, el diputado José Manuel Edwards (RN) detalló específicamente porqué Chile debiese impugnar en los 90 días: “Bolivia, encubiertamente, critica un tratado de límites que es muchísimo anterior a la competencia que tiene la Corte dado el pacto de Bogotá de 1948”.
Otro de los temas tratados en la reunión se refirió a la estrategia política de Chile para contrarrestar la ofensiva comunicacional de Palacio Quemado, con figuras de alto nivel como la del ex presidente, Carlos Mesa.
Edwards pidió al gobierno tener como nación “una campaña explicativa más potente en lo político”.
En esa línea, explicaron desde La Moneda, que la idea de llevar una amplia comitiva a la cumbre del G77, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra el próximo fin de semana, atiende justamente la necesidad de estar plenamente preparados ante cualquier embiste boliviano. Ello, pese a la aclaración del presidente, Evo Morales, de que no se tocará ese tema, al menos en la formalidad de las reuniones plenarias de los jefes de Estado y cancilleres.
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