Al tiempo que la presidenta Michelle Bachelet proclamaba la ley de Acuerdo de Unión Civil en una célebre ceremonia en La Moneda, su hijo, Sebastián Dávalos, llegaba a declarar a la fiscalía de Rancagua en calidad de imputado por el polémico negocio de la empresa Caval. Tras las cuatro horas que duró el interrogatorio de los fiscales Luís Toledo y Sergio Moya y en medio de un amplio resguardo policial, Dávalos se retiró del lugar -en un auto fiscal y no en su Lexus- sin prestar declaraciones adicionales a su salida.
En la investigación abierta tras la querella que presentó RN por la millonaria venta de terrenos en Machalí, se indagan posibles delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociación incompatible. Es en ese contexto en que el Ministerio Público ha citado a declarar a los supuestos involucrados en el caso. De hecho, la semana pasada fue el turno de Natalia Compagnon, quien compareció ante la justicia durante nueve horas.
Lejos de decantar, el caso continúa escalando con la aparición de nuevos antecedentes y es en este escenario en que la presidenta Bachelet ha irrumpido en diferentes medios dos veces durante los últimos cuatro días para desvincularse de las cuestionadas acciones de la empresa que pertenece en un 50% a su nuera, Natalia Compagnon. Atendiendo a las críticas desde todos los sectores por su falta de liderazgo y explicaciones públicas, Bachelet enfatiza en que no tenía conocimiento alguno de las gestiones de Caval y asegura que nunca ha usufructuado de su cargo.
Así, el caso continúa sumiendo al gobierno en una delicada y compleja situación que sigue reflejándose en los bajos índices de respaldo ciudadano y que mantiene detenida la agenda de reformas de la Nueva Mayoría. Sin embargo, los tentáculos del caso Caval se extendieron hasta la UDI, involucrando a un militante y a un otrora miembro gremialista, Patricio Cordero y Juan Díaz, respectivamente, como los gestores claves que posibilitaron el negocio.
La UDI y Caval
De las declaraciones presentadas por Compagnon, se desprende que Díaz y Cordero fueron quienes contactaron a Mauricio Valero, socio de la empresa Caval, para concretar la venta de los terrenos. El acuerdo consistía en que ambos recibirían el 50% de las ganancias obtenidas de esa transacción. Díaz y Cordero serían quienes mantenían contactos en la municipalidad de Machalí, como la arquitecta que trabajó para esa comuna, Cynthia Ross, para intervenir en el Plan Regulador Intercomunal.
De ahí surgen algunas hipótesis, como la que planteó el timonel del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, de que el caso "huele a una operación política-económica tremenda" del gremialismo. Algo así también habría insinuado Compagnon en su declaración al señalar que "puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero que se pudo haber empleado para hacernos daño a mí y a mi familia".
Sin embargo, el recién asumido timonel de la UDI, senador Hernán Larraín, fue tajante en desmarcar a su partido de la tesis de una operación política detrás de la transacción del negocio e incluso señaló que dichas insinuaciones parecen buscar eludir las responsabilidades de la nuera de Bachelet en el caso.
"He oído cosas delirantes en el último tiempo, pero esta superó toda la imaginación", sentenció además. Así también el diputado Jaime Bellolio asegura que "las teorías conspirativas tienen un límite. Esto es un absurdo completo y total", sostuvo Larraín.
En esa línea, el propio Cordero salió a desmentir que los dineros obtenidos en la transacción fueran para fines gremialistas y que "este fue un negocio privado que no está ligado ni al sector público ni a la política".
Y aunque efectivamente los vínculos de Diaz y Cordero con la UDI no serían estrechos en la actualidad (ver recuadro), sí se ve trastocada la imagen del partido, que, además, lleva a cuestas todo el costo político que ha significado el caso Penta. Ello lo reconocen miembros de la tienda, aunque negando tajantemente la tesis de la operación política detrás de Caval. El ex presidente de la UDI, diputado Patricio Melero, afirma que "en el actual clima de juicios en la plaza pública, cualquier cosa que se diga, independiente de su sustento, genera un daño".
Y la tensión continúa. La comisión investigadora del caso Caval -conformada la semana pasada-, definió citar a Díaz y a Cordero a la instancia. En tanto, hoy se realizará la audiencia, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, por la querella por estafa del dueño de Silca, Hugo Silva, para determinar si los cheques incautados que entregó a Caval seguirán retenidos en la notaría.
Juan Díaz y Patricio Cordero
Desde la UDI aseguran que tanto Díaz como Cordero -quienes contactaron al socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero, para concretar el negocio- no mantienen ninguna cercanía con el partido en la actualidad. En la tienda reconocen la importancia que tuvo Juan Díaz en décadas pasadas, por ejemplo, con su rol estratégico en el caso Spiniak tras ser contactado por el ex timonel Pablo Longueira. Sin embargo, hoy estaría dedicado al negocio inmobiliario, fuera de la esfera pública. Además, trabajaría con el síndico Herman Chadwick.
Por su parte, Patricio Cordero milita en el gremialismo, aunque según indican miembros de la UDI, sin una participación activa. El empresario se desempeñó como administrador municipal de Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes y Santiago.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
caval
