Pese al despliegue que ha realizado la mesa del Partido Socialista, encabezada por Álvaro Elizalde, para intentar contener la crisis que generó el que se diera a conocer que parte del patrimonio de la tienda había sido invertido en empresas cuestionadas como SQM o Pampa Calichera, en las filas del socialismo persisten las críticas a la forma en que se ha manejado la polémica. A la fecha, son varios los dirigentes que esperan una información más detallada de parte de los dirigentes para salir a hacer frente a este complejo momento.
En esa posición, al menos, están los senadores de la colectividad que si bien difundieron una declaración pública al día siguiente de estallado el escándalo, recién el pasado lunes lograron reunirse con el presidente partidario para abordar la polémica.
En la ocasión -según reveló uno de los presentes-, junto con manifestarle a Elizalde todas las dudas que tenían sobre el tema, además de hacerle ver los elementos que estiman no han estado sobre la mesa como para enfrentar la controversia, también solicitaron información detallada respecto de las inversiones realizadas a nombre de la colectividad en los períodos de 2002-2011 y
2012-2017 a fin de precisar “el error” de aquellas gestiones.
Así, se pide una información desagregada sobre las carteras y rentabilidad, pues consideran que hay antecedentes que no se han entregado. Esto, explicaron, ayudaría a contextualizar y abordar de manera ponderada la decisión del partido sobre cómo gestionar su patrimonio, porque -a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, dicen- existen sindicatos que son de izquierda que también invierten su patrimonio en distintos instrumentos financieros.
Falta de profesionalismo
Los senadores socialistas están conscientes de que los datos que requirieron pueden demorar. De ahí el estricto silencio que han mantenido sobre el tema, el que también responde -agregan- a la instrucción del mismo Elizalde en orden a que la vocería de la crisis estaría en manos de la mesa y en él.
No obstante, la estrategia implementada por la directiva -la que aún no completa dos meses en el cargo-, los legisladores mantienen una mirada crítica sobre cómo el presidente del partido ha gestionado la crisis.
“Aquí se han hecho declaraciones un poco confusas”, advierte un parlamentario, reconociendo al mismo tiempo que el control de daños no ha sido muy eficiente, lo que consideran es resultado de “una cierta falta de profesionalismo político de parte de la mesa”.
En esa línea, el dirigente admite que la polémica carta que hizo pública la comisión patrimonial 2002-2011 -el pasado lunes- pudo haber sido una ayuda, porque aclaraba una serie de hechos sobre la polémica. Sin embargo, dada la cantidad de adjetivos que incluyeron sus autores, la misiva “desgraciadamente terminó siendo una crítica a la propia mesa, en vez de ser un factor que le dé solidez”, dice.
De igual forma, los senadores reconocen que esta polémica se funda en hechos tan falsos que es dificil de amortiguar el daño.
Diputado Espinoza concreta presentación al Tribunal Supremo
Tal como lo había anunciado, el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Fidel Espinoza, concretó un requerimiento ante el Tribunal Supremo (TS) del partido solicitando "un pronunciamiento enérgico y claro, que marque un hito que evite que hechos bochornosos como estos vuelvan a repetirse", en alusión a la polémica que afecta a la colectividad por la decisión de invertir su patrimonio en instrumentos financieros relacionados con empresas vinculadas a la dictadura.
En el documento de tres páginas y once puntos, donde además se identifica a los 160 militantes que respaldan la presentación, parlamentario resume los hechos reconociendo que es "doloroso, ver como aquellos que estuvieron detrás de la dictadura y de la expropiación de nuestros bienes, hoy se erigen, sin ningún complejo, en acusadores, apuntandonos con el dedo para acusar supuestas irregularidades". Agrega que "tenemos claridad que el PS no ha cometido ningún delito, que no se ha despilfarrado nuestro patrimonio (...) Pero en ningún caso significa que no haya responsabilidades que asumir, frente a la militancia, como ante la ciudadanía". Y citando el Código de Ética, así como el reglamento de la comisión de patrimonio -aprobado en 2003- el diputado plantea que más allá de las explicaciones que ha dado Álvaro Elizalde, "en lo interno, hay responsabilidades políticas que deben ser establecidas, con nombre y apellidos y sancionarlas si así correspondiere", advirtiendo de paso que "lo peor que podría sumar a esto que ha pasado, es que se perciba desde el PS solo una defensa corporativa que termine sin responsables".
Con todo señala que "como militantes no queremos prejuzgar" (...) pero si nos ha parecido necesario dirigirnos al TS para solicitarle que en virtud de sus atribuciones, conozca esta solicitud y resuelva en consecuencia". "No queremos que nuestro partido siga siendo objeto de escarnio público debido al manejo de su patrimonio".
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