Bloque afina borrador de acusación constitucional contra Van Rysselberghe

Más de 20 páginas tiene el primer borrador de la acusación constitucional contra la intendenta de la región de Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, que ayer los abogados asesores de la Concertación analizaron con los parlamentarios del bloque que llegaron a la reunión para conocer y confirmar que existen antecedentes jurídicos suficientes para avanzar en la presentación del libelo.

La propuesta recopila el principal capítulo sobre el cual se fundará el documento y que apuntaría a demostrar que la autoridad regional vulneró el artículo octavo de la Constitución referido al deber que tienen las autoridades públicas de cumplir con las normas de probidad.

Al respecto, el abogado constitucionalista que asesora a la Concertación en la materia, Humberto Nogueira, explicó que esta acusación no está referida al hecho de que se haya cometido un determinado delito, sino al hecho que se cometió una infracción a la Carta Fundametal.

De igual forma, precisó que existe la obligación de las autoridades públicas de mantener una conducta proba y así está fundado en la Ley de Base de la Administración del Estado y en una serie de dictámenes de 1978 a la fecha emitidos por la Contraloría general de la República, donde se establece “con claridad esta exigencia de obligación constitucional de actuar de tal manera por estas autoridades”.

Por otro lado, Nogueira advirtió que junto a las faltas a la probidad, en este caso también hay “una situación de alteración a la fe pública. Los ciudadanos necesitan que sus autoridades actúen con lealtad, con veracidad y que, al mismo tiempo, no generen maquinaciones arbitrarias para favorecer a algunos o perjudicar a otros”. Ello en alusión a la historia que reconoció que habría inventado la intendenta para favorecer a los vecinos de la población Aurora de Chile.

El abogado destacó que eventualmente este aspecto podría constituir otro capítulo de la acusación, al tiempo que reconoció que también la jefa regional habría incurrido en una falta a la fe pública, lo que a su vez “genera un deterioro de la imagen de la autoridad pública y con ello un efecto sobre la legitimidad del sistema institucional democrático”.

En tanto, el diputado Gabriel Ascencio (DC), reconoció que sentados los argumentos jurídicos estos se convertirán en mérito suficiente para conseguir los votos que se requieren para aprobar la acusación constitucional cuyo destino podría depender de los parlamentarios independientes, PRI y uno que otro de Renovación Nacional.

El diputado adelantó que el documento podría estar listo en los próximos 15 días. Ascencio agregó que espera que esta semana las bancadas de la DC, PS y PRSD definan su apoyo al libelo, dado que el PPD acordó en la comisión política respaldar la acusación.