La Cámara de Diputados aprobó por 103 votos a favor y 2 abstenciones y despachó al Senado -a tercer
trámite constitucional- el proyecto que modifica la Ley de
Concesiones de Obras Públicas.
Durante el debate, el ministro del ramo, Sergio
Bitar, aclaró que la normativa se aplicará en otro sector de la economía, "sólo
bajo un mandato escrito suscrito por otro Ministerio, servicio público,
municipio o empresa pública".
El proyecto, añadió el ministro, significa un mejoramiento de la ley actual para
reforzar el papel del estado, profesionalizar las comisiones arbitrales y evitar
los cuantiosos juicios que debió enfrentar el gobierno en los últimos años por
diferendos con las concesionarias.
La futura ley
crea un Consejo de Concesiones, cuya principal función será la de orientar las
políticas de concesiones de obras públicas consistente con el crecimiento del
país.
La normativa establece con mayor claridad y precisión las hipótesis
en las cuales el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por
concepto de inversiones no contempladas en el contrato original, como asimismo,
al establecimiento de criterios económicos para la determinación del monto de
dichas compensaciones.
El texto establece que si durante la etapa de explotación el valor de las
inversiones adicionales requeridas excede del 5% del presupuesto oficial de la
obra, y es igual o superior a una suma equivalente a 100.000 unidades de fomento
($2.094.000.000), su realización deberá ser licitada por el
concesionario bajo la supervisión del Ministerio de Obras Publicas.
Además la iniciativa introduce modificaciones que tienen por finalidad garantizar la continuidad en
la operación; elimina el tope fijado para las multas que puede imponer directamente el
Ministerio de Obras Públicas; contempla algunas modificaciones al sistema electrónico de cobro de tarifas de
vías concesionadas; entre otras.
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