Los productos que entren a la Unión Europea deberán cumplir con nuevas exigencias a partir de diciembre. ¿La razón? El interés de las naciones del Viejo Continente por hacer una contribución al combate del cambio climático a través del cuidado de los suelos dedicados a los bosques en el mundo.
Una iniciativa que se vio reflejada en lo que se denomina reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR, por su sigla en inglés), el cual implica que la producción de madera, carne bovina, café, cacao, soya, aceite de palma y caucho que entren al mercado europeo no provengan de tierras degradadas después del 31 de diciembre de 2020, es decir, que hayan sufrido un deterioro que ya no ayudan a preservar los ecosistemas y la biodiversidad, regular el clima, producir alimentos y purificar el agua.
La Unesco levantó las alertas en 2024 al plantear que el 90 % de las tierras emergidas del planeta podrían degradarse de aquí a 2050, afectando gravemente a la biodiversidad y a la vida humana.
En el caso de Chile, explicó la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la normativa afecta solamente al sector forestal y de carne bovina que vendan a la UE. En cifras, se trataría del 7,77% del total de envíos forestales de 2024 o US$ 454 millones; y del 7,82% de los bovinos, es decir, US$ 8,8 millones.
Estos envíos deberán cumplir con otras condiciones como que dichos bienes se hayan producido de conformidad con las leyes pertinentes del país de origen y estar cubiertos por una declaración que asegure que la empresa satisface los requisitos del EUDR.
“Si bien nuestro país no ha registrado deforestación de bosque nativo en la última década, la normativa exige demostrar con precisión el origen y la legalidad de los productos. Eso implica que productores, plantas faenadoras y exportadores deberán contar con herramientas de trazabilidad digital y georreferenciación, lo que puede ser más complejo para los pequeños productores”, explicó la directora de Odepa, Andrea García.
Si bien el reglamento entró en vigor en junio de 2023, su aplicación a los exportadores ha sido gradual. Por lo mismo, es en diciembre de este año que las grandes y medianas empresas deberán cumplir, mientras que las micro y pequeñas tienen plazo para junio de 2026.
No obstante, la Comisión Europea ha planteado la posibilidad de un nuevo aplazamiento que podría demorar la entrada en vigor a finales de 2026, si se aprueba formalmente por el Parlamento y el Consejo.
“Como Ministerio de Agricultura, estamos convencidos que Chile cuenta con un sector productivo sostenible que nos posiciona como un socio confiable y responsable en el comercio internacional”, destaca García.
Chile en bajo riesgo
Odepa también sostiene que la implementación de esta normativa puede convertirse en una oportunidad para el sector exportador.
Esto porque el reglamento crea un sistema de clasificación de riesgo por país, que clasifica en tres categorías de riesgo: bajo, estándar y alto. En el caso de Chile, la UE clasificó preliminarmente como país de riesgo bajo, por lo que se deberían simplificar ciertos requisitos de cumplimiento y posiciona a los productos chilenos con ventajas comparativas en sostenibilidad. Además de eximir de buscar medidas de mitigación.
“Esta clasificación se logró gracias a que, como se mencionó, la deforestación de Chile es insignificante o nula posterior al 31 de diciembre de 2020, a que tenemos marcos normativos sólidos y aplicados efectivamente en materia forestal y uso de suelo, sistemas de monitoreo y trazabilidad confiables para certificar origen legal y no deforestado y una baja probabilidad de traslape entre cadenas productivas y deforestación”, explicó García.
En tanto, desde Odepa también se ha impulsado acciones entre 2023 y este año como parte de una estrategia y coordinación público-privada y cooperación internacional.
Entre estas medidas están el proyecto técnico financiado por el programa financiado por la UE, AL-INVEST Verde, en diciembre de 2024. Este está dividido en dos fases para levantar información y alinear expectativas con un diagnóstico sólido acerca de las brechas en las cadenas de carne bovina y productos forestales frente a los requisitos del reglamento, y luego, avanzar hacia la implementación de soluciones prácticas y medibles.
“Nuestro país ha demostrado que es posible crecer cuidando sus bosques y ecosistemas, y seguiremos trabajando con todos los actores, públicos y privados, para que los agricultores chilenos estén preparados y puedan seguir accediendo al mercado europeo con garantías de competitividad y sostenibilidad”, señaló García.
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