A un paso de ser depachado por el Congreso quedó ayer el el proyecto de fortalecimiento de la democracia que regula la relación que hasta ahora existía entre dinero y política y que dio origen a casos como Penta o SQM, luego que la Sala de la Cámara Alta lo aprobara y enviara ayer a la Comisión de Constitución de la Cámara, .
La normativa también le otorga facultades fiscalizadoras al Servicio Electoral (Servel).
En la sesión, el Senado aprobó una serie de sanciones que van desde multas hasta penas de cárcel e incluso la pérdida del escaño.
Al final de la sesión el presidente del Senado, Patricio Walker, hizo hincapié en que la aprobación de este proyecto “ayuda a que existan estándares de probidad y transparencia mucho más altos para las campañas políticas. Esto es parte de la agenda de probidad y transparencia que estamos empeñados en aprobar, para dejar una institucionalidad muy sólida y robusta en materia política en Chile”.
Sobre las sanciones, se aprobó por unanimidad que no podrán aportar a las campañas las personas jurídicas de derecho público o privado, sí podrán hacerlo las personas jurídicas sin fines de lucro destinadas “habitual y gratuitamente a encuentros de la comunidad”.
Será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido, quien entregue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto exceda en un 40% lo permitido por la ley.
La misma pena se aplicará si tales aportes provienen de una persona jurídica (empresa); salvo que se trate “de aportes aislados, cuyo monto global sea inferior a 50 UF, el Servicio Electoral podrá prescindir de denunciar o querellarse respecto de tales hechos”.
El administrador electoral de un partido político que en su rendición de cuentas al Servel proporcione información falsa, se expone a la pena de presidio menor en su grado máximo. Y quien use los aportes del Fisco para una finalidad distinta a la que están destinados, podrá ser sancionado con presidio menor en su grado medio.
Además, haber sobrepasado en un 25% el límite al gasto electoral permitido por la ley se considerará infracción grave, siempre que dicho porcentaje sea superior a 100 UF, aunque en el mensaje original esta cifra sólo llegaba a 40 UF.
Pese a que la mayoría festeja las facultades que se le otorgan al Servel en este proyecto, el senador Alejandro Navarro expresó sus dudas respecto a que sea este organismo el que determine si un infractor pasa al Tribunal Electoral, “es más, el subdirector de fiscalización es el que determina si la denuncia es plausible y la ve el Servel y luego, su consejo directivo –en un segundo paso- determina si va al tribunal electoral”.
Además planteó que la destitución funcionara de manera automática, “porque ahora alguien puede gastar hasta un 40% y eso me parece excesivo” y admite que “como siempre ocurre, en esta materia se partió con mucha drasticidad y se ha gradualizado”.
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