Un tono mucho más político que en las sesiones anteriores se impuso en la jornada de trabajo que este jueves realizó la Comisión Revisora de la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, donde la mayoría de los expertos coincidió en que el libelo no cumple con los requisitos para avanzar. Pese a que el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el exministro Mario Marcel participaron nuevamente para responder preguntas y dudas de los parlamentarios respecto a sus intervenciones del miércoles.
Así, el abogado defensor Patricio Zapata abordó a Gómez consultándole directamente acerca de cuándo estaría concluida la investigación sumaria iniciada por la Dipres para establecer las responsabilidades sobre la brecha de trazabilidad de la información producida entre el tercer y el último Informe de Finanzas Públicas del gobierno anterior, y si es que tiene alguna convicción sobre la causa de la brecha y sus responsables. Ello debido a que, recalcó el abogado, finalmente este tema vendría siendo el corazón de la acusación y por lo que su defendido arriesga una sanción de no poder ejercer cargos o función pública por cinco años. Mientras que el resultado de la investigación se conocerá mucho después de que se vote la acusación, le enrostró a Gómez.
El director de Presupuestos retrucó que no está clara “la causa de la discrepancia” y recordó que lo que se está analizando es si la diferencia entre el IFP tres y el cuatro, en materia principalmente de déficit acumulado, es consistente con la diferencia que el IFP tres y cuatro muestran respecto a la deuda, enfatizando que entre ambos no hubo cambio de supuestos. De ahí surge la brecha de trazabilidad, dijo, pero insistió en que no tiene claras ni las causas ni los responsables.
“Y yo quiero saber, como director de Presupuestos, qué es lo que ocurre en la fabricación de la proyección de deuda que lleva a un resultado que no es enteramente trazable”, aludiendo a que no es trazable la evolución de la deuda respecto de la evolución del déficit proyectado. Y defendió como “responsable” el actuar del organismo al detectar la brecha, definiendo -a petición de Zapata- la “brecha de trazabilidad” como “que el origen de trayectoria de deuda no tiene un correlato claro con las mayores necesidades de financiamiento que tiene el Fisco”.
Economistas
Para el economista Gabriel Palma, lo más “sorprendente” de la acusación contra Grau “es que ataca justo lo que hacemos bien en términos fiscales”, como el intento de seguir ciertas líneas de balance estructural, en un esfuerzo por tener las finanzas ordenadas y el que se haya impuesto un tope de 45% de deuda.
Incluso añadió que “mi experiencia me dice que si en Europa se hicieran acusaciones constitucionales por discrepancias en las proyecciones, no habría ningún ministro que mantuviera su cargo”. Tras lo cual explicó que “las discrepancias en las proyecciones son lo normal”, entre otras cosas, por los elementos externos que influye. En ese sentido, “de aprobarse esta acusación se abrirían compuertas bastante peligrosas para una democracia”, advirtió, añadiendo que las repercusiones para Chile no serían buenas y que el riesgo país, por ejemplo, podría aumentar.
Por su parte, el
economista Jorge Berríos señaló que en todo lo que se discute la “responsabilidad es transversal, no es de una sola persona, es de varias. Por lo tanto, puede ser que el exministro esté cargando con la culpa porque (llegó a un punto que) la bomba explotó”, pero la enseñanza que deja este episodio es que Chile debe cuidar sus instituciones y las finanzas públicas, reflexionó. “No somos un país rico y cualquier descalce nos afecta y, sobre todo, afecta a las personas”, sentenció, agregando que nadie quiere hacerse responsable de una situación “que fue consecutiva en el tiempo y, para ser franco, la responsabilidad sí, pero también es compartida transversalmente”, reiteró. E hizo hincapié en la necesidad de contar con un
accountability fiscal.
Constitucionalistas
También asistieron los constitucionalistas Marisol Peña y Jorge Corre Sutil. Ambos abogados coincidieron en que la acusación no cumple con los requisitos para ser aprobada, porque no da cuenta de las infracciones que habría cometido el exministro Grau.
De hecho, Peña –expresidenta del Tribunal Constitucional- fue clara en que la acusación constitucional “no logra demostrar ni probar que el exministro haya infringido leyes o normas constitucionales”. Y explicó que infracciones de que se acusa deben estar “contempladas en la ley” de manera explícita y no sólo en términos generales. Y, desde su punto de vista, el libelo “no logra acreditar la infracción específica”.
Por su parte, Correa Sutil advirtió a los diputados que tiene la “responsabilidad histórica de encuadrar lo que es una acusación constitucional”. Y
compartió los dichos de su predecesora, en cuanto a que la acusación “no cumple los requisitos” y especificó que estos no son estándar de diligencia, sino de no cumplimiento de la ley.
La Comisión Revisora sesionará el lunes 22 desde las 10:00 de la mañana para recibir algunas audiencias y por la tarde votaría el libelo, ya que la Sala de la Cámara está convocada para pronunciarse el martes 23.
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