Finalmente se logró algo que no se veía hace mucho en el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, y es el que la oposición se uniera tras un objetivo común. Tuvo que ser la figura del exministro de Energía Diego Pardow y los errores cometidos, que repercutieron en el cobro de las cuentas de la luz. Y si en el Gobierno pensaron que con la salida del exsecretario de Estado se agotaba la polémica y se truncaba la posibilidad de una acción fiscalizadora en su contra, se equivocaron rotundamente.
Ello, porque
este miércoles las bancadas opositoras anunciaron la decisión “indeclinable” de presentar una acusación constitucional en contra del exministro, “en el más breve plazo posible”. La declaración, a través de la cual expresan las razones para avanzar en esta línea, fue suscrita por los jefes de bancada Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Joanna Pérez (demócratas), Francisco Undurraga (Evópoli), Juan Irarrázaval (republicanos), Andrés Jouannet ( presidente de Amarillos por Chile), Cristián Labbé( Partido Nacional Libertarios) y Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano).
Aunque desde el Gobierno se ha señalado que tras la salida de Pardow no tendría sentido una acusación en su contra, lo cierto es que los promotores de la medida le asignan al exsecretario de Estado una responsabilidad importante en los errores en el cobro de las cuentas de la luz.
En este escenario, los autores de la declaración argumentan que “el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz, que ha afectado a millones de chilenos, durante los últimos dos años
, tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación”.
“Intento inaceptable por ocultar la información”
El fundamento para la acusación constitucional pasa por los nuevos antecedentes conocidos acerca de los errores en los cobros, lo que –desde el punto de vista de los patrocinadores– da cuenta de que lo sucedido “no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo”.
Así las cosas, expresan que
el constatar que el Gobierno tuvo acceso a la información por más de un año, tras la autodenuncia de la empresa Transelec, “evidencia un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder”. De este modo, los acusadores abren una arista derechamente política que sustentaría la acusación.
Sin embargo, en referencia a las actuaciones del exministro y el Gobierno, argumentan que “esta conducta irresponsable e incompetente no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”, con lo que justifican la implementación de la medida fiscalizadora.
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