Un documento en que se detalla que la provisión del Gobierno para el reajuste del sector público en la Ley de Presupuestos 2026 está muy por debajo de lo que se requiere para responder a las aspiraciones de estos trabajadores, entregó la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) al candidato presidencial opositor, José Antonio Kast (PR), con el fin de alertarlo acerca del conflicto que esto podría significar.
Según lo expuesto en los cálculos que especifica el documento, el Ejecutivo “se quedó corto al menos en US$ 1.600 millones”.
El texto plantea que el proyecto de ley considera una provisión para este fin de casi $ 590 mil millones o US$ 615,8 millones, “lo que se infiere de la minuta que entregaron el día 29 de octubre en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”, se explica. Y sólo a modo de referencia, en el documento se precisa que las leyes de reajuste de los años 2023 y 2024 “son más del triple de este monto: US$ 1.970 y US$ 2.173 millones, respectivamente”.
Pero, adicionalmente, se advierte que en el reajuste de este año se debe considerar el aumento de la tasa de cotización por la reforma previsional del 1%, a contar de agosto, y los aumentos de aportes a los colegios y jardines infantiles, por la misma razón.
Así las cosas, calculan que antes de la ley de reajuste el costo de las remuneraciones del sector público para el Estado asciende a US$ 18.000 millones y que del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre 2025, más los trabajadores de municipios y universidades, entre otros, se puede colegir que los sueldos base a reajustar equivalen a US$ 30.530,4 millones, lo que comprende tanto al gobierno central como a municipios y más universidades estatales, entre otros.
Sauerbaum: “Aumento no provisionado generará nueva deuda”
En el documento se detalla que US$ 127,2 millones de las provisiones deben destinarse al aumento de cotización de la reforma previsional del 1% de los sueldos a contar de agosto de 2026 y que un reajuste del 1,2 % nominal, menor al 3,1 % de inflación proyectada, “implica destinar US$ 366,4 millones a aumento de sueldos y US$ 122,9 millones al reajuste de beneficios, como el bono de escolaridad”, lo que significaría “usar US$ 616,5 millones de la provisión, correspondiente a un exceso de US$ 0,7 millones con lo provisionado, que bien puede ser un error de estimación”.
Además, continúa enumerando, un reajuste del 3,1 % nominal, sólo para cubrir la inflación la proyectada, tendría un costo fiscal total de US$ 1.391,2 millones, lo que implica US$ 775,5 millones por encima de la provisión; y, un reajuste de 2 % real, como ha pedido la ANEF, “tiene un costo fiscal de US$ 2.232 millones, con US$ 1.616,3 millones por encima de la provisión”.
Cifra que, según el documento de la bancada de RN, es comparable con el gasto del reajuste del año 2024, cuando alcanzó a 4,6 % promedio.
En este contexto, el jefe de la bancada de diputados de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, aclara a Diario Financiero que la finalidad de entregarle el documento a Kast es que “tenga el detalle de los recursos comprometidos”, ya que “cualquier aumento que no esté provisionado será generación de nueva deuda”.
Por otro lado, señala que “el Gobierno ha dicho que pretende negociar con los trabajadores y ellos están pidiendo un reajuste del 2% real, que tiene un costo fiscal de más de US$ 2.230 millones. Lamentablemente, eso está muy por encima de la provisión que el Gobierno hizo en la Ley de Presupuestos del año 2026”, por lo que afirma que “la diferencia con la realidad es nada menos que de US$ 1.616 millones, por encima de lo que el Gobierno dejó reservado para hacer este reajuste”.
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