Por Gonzalo Cerda Milla
Con la entrega de la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales del sector público al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se da comienzo a las negociaciones entre los trabajadores y el gobierno. Y será hoy al medio día cuando ambas partes se reunan para analizar la propuesta de los funcionarios públicos.
El documento al que tuvo aceso DF, hace incapié en la necesidad de mejorar las “bajas y deficientes” pensiones que, a juicio de los trabajadores, entrega el sistema de AFP. “Es urgente un cambio de enfoque previsional, ya una persona por si sola no tiene la capacidad de ahorrar para su vejez, más si tiene que pagar por la administración de sus fondos”, señala el documento.
Y es que la volatilidad de la economía mundial “daña aún más a quienes son obligados a cotizar en las AFP, lo que genera incertidumbre y angustia en los que están próximos a pensionarse, dado que las pérdidas en estos últimos meses son abundantes”, agrega.
Junto con esto, el documento contempla un análisis económico global, donde el panorama nacional, a juicio de las catorce organizaciones pertenecientes a la mesa del sector público, no se vería afectado en su tasa de crecimiento normal y no vería afectada su política inflacionaria. “No es conveniente entonces que hablemos de posible crisis, ni menos de pérdida de empleos”, sostienen.
En ese escenario, los empleados públicos están pidiendo que el gobierno garantice remuneraciones mínimas para el sector público, ajustado a los estamentos en valores que parten en los $ 280.000 para los auxiliares; $ 305.000 para los administrativos; $ 330.000 para los técnicos ; y $ 630.000 para los profesionales.
Derechos laborales
Además, el documento plantea que, durante esta negociación, resultará de vital importancia que el gobierno de garantías de que se cumpla con los derechos laborales.
A juicio de los trabajadores, “la inestabilidad laboral a la que está sujeto el personal a contrata y los funcionarios regidos por el Código del Trabajo atenta contra estos principios (…) el proceso de renovación de contratas en el mes de diciembre resulta innecesario y abre espacios a la arbitrariedad y discrecionalidad de las jefaturas de los servicios”.
Es así como solicitan establecer la renovación automática del personal a contrata como uno de los puntos en la negociación.
Incentivo al retiro
A pesar de valorar la voluntad del gobierno de avanzar en la negociación sectorial respecto de los cambios al incentivo al retiro, el documento advierte que si bien algunos gremios han logrado llegar a un acuerdo “muchos de los integrantes de esta mesa no han logrado hacerlo”.
Cabe recordar que en septiembre, se logró un acuerdo entre el gobierno y la Confusam que permitió atenuar las movilizaciones que estaban anunciadas para el día siguiente, lo que la mesa califica como “un relativo alivio de miles de trabajadoras y trabajadores que están en el sistema de capitalización individual y que como muchos chilenos no logran una pensión digna”.
No obstante, reiteran la solicitud al Ejecutivo para que avance en ampliar los planes de retiro a los servicios; establecer planes de retiro permanentes e incorporar al incentivo al retiro a los rabajadores que jubilan por invalidez o enfermedad catastrófica.
Respecto de la extensión del post natal, la mesa del sector público insiste en que resulta necesario que la decisión de flexibilizar su uso sea de exclusiva responsabilidad de la trabajadora, y que cualquier reglamento respecto a la Ley de post natal debe ser “elaborado en conjunto con las organizaciones del sector y no unilateralmente”.
Finalmente, las organizaciones hacen un reclamo para que el gobierno ponga fin a las “permanentes descalificaciones y desprestigios, que utilizando los medios de comunicación personeros de alto nivel han llevado a cabo en contra de respetables organizaciones de trabajadores y sus dirigentes”.
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