Entre julio y agosto, el Gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de reforma tributaria, con foco en las pequeñas y medianas empresas (Pyme), la clase media y las contribuciones de bienes raíces.
El proyecto original ingresado por el exministro Mario Marcel en julio no tuvo avances en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Dicha iniciativa no ha avanzado en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo que este martes el Ejecutivo separó la iniciativa, al ingresar un nuevo proyecto que solo considera los cambios al impuesto territorial, dejando en el otro proyecto el cambio al sistema para Pymes, las nuevas deducciones de gasto para arriendos de vivienda y en educación, el término de exenciones para herencias y donaciones y fondos de inversión, y los aumentos de impuestos para quienes ganen más de $ 8,2 millones al mes.
Así, la propuesta establece que cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA o $ 11.120.814 anuales), pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.
Por su parte, quienes se encuentren en el segundo tramo de ingresos (hasta 30 UTA o $ 24.712.920 anuales) pagarán el menor valor entre el 50% de la contribución legal y el 5% de sus ingresos.
Según dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, esta modificación beneficiará a 75.851 adultos mayores, lo que permitiría que el 67% de quienes pagan impuesto territorial accedan al beneficio tributario.
Asimismo, el proyecto plantea el aumento de los aportes al Fondo Común Municipal (FCM) de ciertas comunas para financiar el beneficio para adultos mayores. En específico, Lo Barnechea aportará el 65% y Las Condes el 80% de lo recaudado por impuesto territorial. Además, los aportes por patentes comerciales subirán a 65% y 70%, respectivamente.
Finalmente, el proyecto posterga el proceso de reavalúo de bienes raíces desde 2026 a 2027, en paralelo al trabajo de un panel de expertos convocado por el Gobierno que busca fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema.
El proyecto ingresó a discusión a la Cámra de Diputados con urgencia de discusión inmediata.
Analistas valoran división
El socio Guzmán & González Abogados, Matías Guzmán, la decisión del Gobierno de separar este proyecto del paquete de medidas para las Pymes es acertada, “porque permite avanzar con mayor celeridad en un tema que cuenta con amplio consenso político y social”.
“Incorporar los beneficios en contribuciones dentro de una reforma más extensa habría implicado demoras innecesarias, postergando una medida que representa un alivio concreto para un grupo particularmente vulnerable de la población, como son las personas mayores”, recalca.
Sebastián Benedetti, socio de CBC Abogados, califica de “estratégica” la decisiónde La Moneda: “Lo que busca el Ejecutivo -a raíz de las presiones generales de la oposición relativas al impuesto territorial- es reducir las contribuciones únicamente a los adultos mayores”.
Mientras que Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía, es más crítico con la iniciativa: “El proyecto trata de resolver a última hora una injusticia que se da con los adultos mayores en cuanto a que muchos de ellos pueden tener inmuebles que superan el umbral exento y por lo tanto se ven obligados a pagar contribuciones, pero no tienen los ingresos recurrentes. No creo que sea algo para celebrar de manera definitiva”.
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Sebastian Valdenegro
