Luego de siete meses de discusión, a fines de enero el proyecto de reforma tuvo su primer hito legislativo, con la aprobación de prácticamente la totalidad de los artículos en la comisión de Hacienda de la Cámara. Así, la normativa pasará a discutirse en Sala a principios de marzo, para luego iniciar su segundo proceso en el Senado.
Y si bien los ejes de la discusión han estado en temas como el impuesto al patrimonio, la desintegración y las medidas para incentivar el crecimiento, hay un artículo que ha pasado desapercibido y que promete generar interés entre las empresas: el que define lo que se entenderá por “responsabilidad tributaria”.
En el capítulo del proyecto que considera la fiscalización y relación del Servicio de Impuestos Internos (SII) con los contribuyentes, el artículo N° 19 define como responsabilidad tributaria al modelo de conducta que poseen determinados contribuyentes respecto al “correcto cumplimiento” de sus obligaciones tributarias, con un enfoque en su contribución al “bien mancomunado del país, con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, en tiempo y forma, basado en principios de transparencia, colaboración y buena fe”.
Aquella definición no es inocua, ya que abre la puerta para que el SII firme acuerdos de colaboración con contribuyentes para promover los principios de la responsabilidad tributaria.
En la tramitación en particular, el texto del articulado se modificó. Se eliminó la referencia a un “correcto” cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero se amplió el ámbito de acción de los acuerdos firmados con la autoridad. Así, las empresas podrán obtener una certificación que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con lo indicado en el artículo.
“Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el servicio en un registro creado para tales efectos, acreditando que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El servicio mediante resolución dictará las instrucciones necesarias al efecto”, señala la indicación visada por la comisión de Hacienda.
También, el SII podrá firmar acuerdos de colaboración destinados a promover la responsabilidad tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación.
El fiscalizador tributario mantendrá un registro público que indique el nombre y RUT de las entidades que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de colaboración.
Cómo opera en el exterior
Si bien no se incluyó en el articulado, durante la tramitación el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el co-coordinador de Política Tributaria de la cartera, Diego Riquelme, señalaron que la idea detrás de la certificación es que las empresas puedan utilizarla como parte de los antecedentes que entregan al mercado, por ejemplo, al salir a emitir deuda u obtener algún otro tipo de financiamiento, como una forma de asegurar que cumple con la normativa tributaria.
El artículo propuesto por Hacienda tiene como base un informe encargado por la cartera al académico de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Valparaíso, Antonio Faúndez, donde analiza los estándares internacionales en materia de sostenibilidad tributaria, destinados a guiar a los contribuyentes sobre la divulgación voluntaria de información tributaria.
Según un reporte de la Cepal de 2020, en Latinoamérica se ha estimado un incumplimiento tributario de US$ 325.000 millones a 2018, equivalente al 6,1% del PIB regional, “lo que ha motivado a los países de la región a generar políticas sobre transparencia fiscal orientadas a disminuir las brechas de incumplimiento”, dice Faúndez.
El documento plantea tres principios que deben regir la sostenibilidad tributaria: que el contribuyente declare una política tributaria de transparencia, revelando los objetivos de su estrategia tributaria; contar con un control y gestión de riesgos que permita velar por el cumplimiento de la estrategia fiscal declarada por el contribuyente; y cooperar con los grupos de interés de acuerdo con los objetivos que sustentan la estrategia tributaria.
El reporte señala que para las grandes empresas se han diseñado mecanismos voluntarios de transparencia a través de reportes de sostenibilidad, como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), que evalúa las empresas más grandes del mundo listadas en la bolsa. En 2014, el DJSI acordó incorporar la evaluación de la estrategia tributaria de las empresas, bajo el fundamento de que una estrategia demasiado agresiva podría no ser sostenible a medio o largo plazo.
Así, se pide a las empresas que revelen su política o estrategia tributaria, en forma pública o privada o declarar que no existe una política fiscal formal; se evalúa la presencia de informes fiscales a nivel regional o nacional y las variaciones entre jurisdicciones, con el propósito de alentar a las empresas a ser transparentes sobre dónde se pagan los impuestos y por qué los pagos de impuestos pueden variar entre un país o región; y se pregunta a las empresas si han evaluado los riesgos a medio y largo plazo de sus estrategias fiscales.
Faúndez recalca que en la reforma tributaria falta tener en consideración la realidad de las Pymes a la hora de acceder a la certificación de buenas prácticas en impuestos: “Las certificaciones tienen costo que pueden asumir las medianas y grandes empresas, dejando fuera a las Pymes. Mi recomendación es que se pueda crear un registro de transparencia tributaria que pueda administrar el SII (como se hace en Australia) que permita a las Pymes certificarse”, agrega.
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