Por C.Betancourt/ T.Maquehue
Conocida una las decisiones más esperadas en la demanda marítima interpuesta por Perú contra Chile en la Corte Internacional de La Haya, relativa a la fecha de los alegatos orales que comenzarán el 3 de diciembre de este año, inevitablemente se reabrió el debate sobre el fallo del tribunal internacional y sus implicancias.
A favor o en contra de los intereses de cada una de las partes, lo cierto es que ambos países han señalado públicamente que lo respetarán. Así lo reafirma el abogado y experto en temas chileno-peruano, José Rodríguez Elizondo, quien asegura “no tener duda” que ambos gobiernos respetarán el resultado “desde la perspectiva de la justicia internacional. Si ambas naciones aceptaron ese compromiso de someterse a la justicia, hay que cumplir el fallo, no hay otra, porque eso lo ha dicho el gobierno de Chile, lo han dicho los dos presidentes consecutivos”.
El Ejecutivo mantiene firme su confianza y convicción respecto de la solidez de los argumentos chilenos sobre la materia, cuya defensa está en manos de un equipo nacional e internacional del más alto nivel, recuerda el experto.
Penúltima etapa
En este escenario, la semana pasada la Cancillería difundió un comunicado donde refrendó “la plena vigencia de los tratados internacionales que sirven de fundamento a la delimitación marítima con Perú, en especial, la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, de 1954, que se inspiraron en las proclamaciones concordantes de nuestros países sobre la zona marítima de soberanía y jurisdicción de 200 millas marinas. El principio del respeto a los tratados internacionales, confirmado por la práctica de más de medio siglo, avala su posición”.
Por su parte, el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, reiteraba también su convicción: “Confíen en la fuerza de nuestros argumentos, el Perú tiene una posición muy sólida, y tiene un equipo de trabajo a cargo del tema del proceso de La Haya, nacional e internacional, de primerísima calidad”.
En este proceso hay analistas miran con atención la resolución de la Corte Internacional de Justicia acerca del Diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. En esta disputa, iniciada por Nicaragua contra las pretensiones de Colombia de despojarlos del archipiélago de San Andrés y Providencia, los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana y otros adyacentes, los jueces que resolverán serán los mismos que en caso Perú-Chile.
La incógnita del fallo
Aunque quedan varios meses para que comience la fase oral -que es la etapa pública donde van a ser conocidos todos los alegatos escritos presentados por ambos países y que estaban en reserva- aún resta más de un año para conocer el dictámen de la Corte Internacional ¿La fecha estimada? el primer semestre de 2013, en la previa de la campaña presidencial. Por ello, un fallo adverso para Chile, genera una serie de interrogantes respecto de su impacto especialmente sobre el gobierno.
Para el ex canciller Juan Gabriel Valdés, lo importante es no politizar el debate en esta materia “me parece que sería un gravísimo error”. No obstante, precisa que “se puede esperar teóricamente un resultado que no sea del todo satisfactorio para Chile, pero tenemos que saberlo recibir con mucha tranquilidad. Ahora, obviamente que nosotros nos estamos preparando para un resultado favorable, porque nos parece que nuestros títulos son fuertes y claros, y nuestra defensa es muy legítima y está basada en documentos suscritos por los dos países y que han sido respetados por más de 50 años por el Perú. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar tranquilos frente al resultado del fallo”. De paso, argumenta, que no corresponde “hacer especulaciones acerca de qué resultado se puede dar”.
Estos planteamientos son compartidos por el también ex ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Felipe Errázuriz, quien sostiene que “la defensa chilena es sólida, los abogados tienen todos los elementos para alegarla y los jueces deberían confirmarla”. Añade que “la oralidad y publicidad de los alegatos y documentos acompañados no debería provocar descalificaciones y actos inamistosos. También la Cancillería tendrá que precaver las dimensiones políticas, comunicacionales, influencias externas y otros expedientes que trascienden a lo estrictamente jurídico”.
Desde la academia, el cientista político y académico, Roberto Durán, plantea que “el tribunal es dueño de zanjar la solución que ellos planteen de acuerdo la tradición jurídica del derecho internacional o de acuerdo a una innovación que ellos pueden proponer”. De hecho, añade que “no se puede aventurar nada en función de algo que todavía no existe que son los resultados de los alegatos”. De hecho, añade que ”si a nosotros nos es favorable, eso quiere decir que el status quo que Chile ha estado practicando es definitivamente válido y no hay nada que hablar sobre eso; si no fuera así, habría que ver cuál es la solución que el tribunal va a zanjar”.
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