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REGÍSTRATE AQUÍEl presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Alejandro Ferreiro, junto a Vivianne Blanlot y José Luis Santa María...
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 5 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Alejandro Ferreiro, junto a Vivianne Blanlot y José Luis Santa María decidieron que el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, deberá hacer públicos sus correos electrónicos “ya que la información es pública porque se trata de las comunicaciones vinculadas a su labor como ministro”.
La solicitud de acceso a información fue realizada por el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, sobre alrededor de 350 e-mail de la cuenta oficial del ministro Larroulet entre los días 18 y 21 de julio de 2011, la cual fue denegada por el secretario de Estado quien sostuvo que se trataba de comunicaciones privadas amparadas por la inviolabilidad que establece la Constitución.
El fallo señala que “los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas, son públicos sino se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión”.
El Consejo agregó que “así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos de las autoridades son reservados; no cabe tampoco estimar que todos esos correos son públicos”, pero afirma que para denegar su entrega era preciso justificar suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva específica.
En tanto, en una declaración pública el ministro Larroulet aseveró que “respetamos la decisión, no la compartimos y recurriremos a los Tribunales de Justicia para defender la privacidad de cientos de miles de funcionarios públicos”.
Agregó que “la solicitud del recurrente se fundamenta en la necesidad de conocer mails relacionados con el proyecto de ley de Alta Dirección Pública, materia que no está contenida en los 350 mails que el ministro recibiera o enviara en las fechas señaladas”.
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
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