Pese a compartir la decisión del Presidente Sebastián Piñera, quien anunció cambiar el emplazamiento de la central termoeléctrica Barrancones, que se construiría en Punta de Choros ante las presiones de diversos grupos ciudadanos, el diputado del PPD, Felipe Harboe, mostró su preocupación en torno a la institucionalidad de la opción tomada.
El parlamentario por Santiago expresó a Orbe que "siempre hay que respetar los procedimientos, las instituciones y las normas legales. Aquí hay un organismo encargado, que es la Comisión Regional del Medio Ambiente, que aprobó la instalación supuestamente de manera técnica, y si esto se pretendía dejar sin efecto, había una instancia que es el Consejo de Ministros de la Conama, entonces hay que tener cuidado respecto a la institucionalidad".
"Comparto la decisión de que no se instale la termoeléctrica en Punta de Choros. Pero me preocupa que finalmente sea la institución del Presidente de la República, cualquiera sea el que la ejerza, la que pueda decidir la viabilidad o no de ciertos proyectos, pasando por encima de la institucionalidad", planteó enfático el abogado.
Lo anterior, a juicio del legislador de oposición resulta muy peligroso "porque hoy estamos frente a una decisión que desde mi punto de vista y el de mucha gente parece acertada. Pero probablemente y usando la misma facultad, mañana puede tomar una decisión que no le guste a la gente, entonces no se trata de ir cambiando de opinión en cuanto nos guste o no la decisión, sino más bien el procedimiento. Hay que ser muy cuidadoso con la institucionalidad vigente para proteger al Presidente, y no exponerlo a situaciones que puedan ser poco reconocidas".
Detallando el procedimiento, Harboe enfatizó que la decisión tomada por el Mandatario en relación a la polémica central termoeléctrica, "no está dentro de sus facultades. Lo que hizo él fue conversar con la empresa en su probable condición de conocedor del empresario o no sé. Pero no lo hizo en su facultad presidencial, no está establecido en ninguna parte de la ley".
Por el contrario, el PPD explicitó, que de acuerdo a la ley, "el que tiene la atribución a una apelación de la Corema, es el Consejo de Ministros, no el Presidente de la República".
Resaltando su preocupación por el proceso, el ex subsecretario del Interior aseveró que "pone un dejo de incertidumbre respecto al respeto de la institucionalidad vigente, porque si se le exige a un conjunto de personas seguir un conjunto de procedimientos y cumplimiento de normas, no parece acertado que estas puedan ser saltadas por alguna autoridad, cualquiera sea, y además, se pone un manto de incertidumbre a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros".
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