Contrario a lo que esperaban en el sector privado, el impuesto verde o aquel que gravará las emisiones contaminantes de las fuentes fijas y que forma parte de la reforma tributaria, no sólo considerará una componente global asociada al CO2, sino que también establecerá una categoría de daño local que incluye la liberación de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).
En el caso de la industria eléctrica, estos últimos elementos están limitados en la norma de termoeléctricas que rige desde este año y cuyo cumplimiento englobará inversiones en torno a los
US$ 1.000 millones.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo ayer que este impuesto afectará a unas 500 unidades fijas de emisión pues como se había adelantado regirá para unidades como turbinas o calderas con una potencia térmica o calórica por sobre los 50 MWt (megavatios térmicos), algo
-que aseguró- excluirá de este gravamen a las empresas de menor tamaño.
El proyecto de ley de la reforma tributaria, que fue ingresado ayer por el gobierno determina además que el componente del impuesto por daño local en salud se establecerá conforme a la valoración de dicho daño, partiendo de un piso fijado en un equivalente a US$ 0,1 por cada tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos contaminantes, aumentado por la acción de factores de concentración y emisión que serán determinados en el reglamento posterior por el Ministerio de Medio Ambiente.
En lo que respecta al CO2, se gravarán en US$ 5 por cada tonelada emitida.
En lo que respecta al impacto de esta medida respecto de la industria eléctrica, el texto plantea que "el impuesto no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema. No obstante, el costo asociado a dicho impuesto para la unidad de generación marginal, deberá ser pagado por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema".
Antes de conocer el contenido del proyecto de ley y tras participar de una reunión oficial con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, el director ejecutivo de la Asociación de Genedoras, René Muga, dijo que primero debían analizar la magnitud del impuesto para determinar cómo afectará a la generación térmica, pero adelantó que: "Todas las actividades productivas que son gravadas con un impuesto se encarecen y habrá que analizar si eso tendrá un efecto en tarifas".
La norma regirá desde 2017 se establece y el primer pago se realizará en abril de 2018.
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