Con un desempleo que se mantiene en torno al 9%, mayores costos laborales y señales de deterioro que golpean especialmente a mujeres y jóvenes, el Crédito Tributario al Empleo -que es parte del proyecto misceláneo de reconstrucción- se ha convertido en una de las principales apuestas del gobierno para intentar reactivar el mercado laboral.
Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes puso una cuota de cautela al instrumento tras mirar la evidencia internacional con instrumentos similares, revisión que arrojó resultados mixtos y, en varios casos, efectos modestos en relación con los recursos comprometidos.
El análisis elaborado por Maximiliano Villalobos, investigador del centro, revisó experiencias de Francia, Suecia, Finlandia y Colombia, y concluyó que el éxito de estos instrumentos depende, entre otros factores, del nivel de informalidad y de la capacidad de las empresas para traducir el beneficio en nuevas contrataciones y no simplemente en mayores márgenes o alzas salariales.
La advertencia surge en momentos en que el proyecto de reconstrucción nacional propone un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores formales de menores ingresos. El mecanismo contempla un beneficio de entre 13% y 16,5% de la remuneración, dependiendo de características como sexo y edad, y apunta a abaratar el costo de contratación.
El Ejecutivo estima que la medida podría facilitar la incorporación formal de más de 800 mil personas desempleadas y proteger puestos de trabajo existentes.
Pero la experiencia internacional está lejos de dar una respuesta única.
“El Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) no llegó a quienes pretendía favorecer y aumentó la desigualdad salarial dentro de las empresas al elevar las remuneraciones del grupo no objetivo”, expone el informe del ESE.
Los casos analizados
El antecedente más cercano al diseño chileno se encuentra en Francia. De acuerdo con el estudio, entre 2013 y 2018 ese país implementó un crédito tributario similar, que llegó a representar cerca de 0,8% del PIB.
Sin embargo, análisis posteriores concluyeron que no tuvo efectos discernibles sobre el empleo. Más aún, parte importante de los beneficios terminó trasladándose a salarios, particularmente entre trabajadores de mayor calificación, sin generar nuevas contrataciones.
“Los trabajadores de bajos salarios, prácticamente la totalidad de los elegibles según el umbral del programa, no vieron incrementos en sus remuneraciones. En otras palabras, el Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) no llegó a quienes pretendía favorecer, aumentó la desigualdad salarial dentro de las empresas al elevar las remuneraciones del grupo no objetivo, mientras que las del grupo objetivo permanecieron sin cambios, además de no existir efectos en la contratación del grupo objetivo”, expone el informe del ESE.
Otros casos analizados fueron Suecia y Finlandia, naciones que optaron por reducir el costo para el empleador de las cotizaciones de seguridad social. En el caso del primero, la rebaja de cotizaciones sí produjo un aumento del empleo, estimado entre 1,8% y 2,5%, pero a un costo considerado elevado. Finalmente, el programa fue eliminado.
Finlandia mostró efectos limitados en tiempos normales y resultados algo más favorables solo durante períodos de crisis.
“La evidencia finlandesa sugiere que este tipo de instrumentos puede ser poco efectivo para crear empleo en condiciones normales, pero sí útil para protegerlo frente a shocks adversos”, asegura el informe.
La excepción que aparece como parte de la revisión es Colombia. Acorde con el informe del Centro de Estudios Financieros (CEF), la reducción de las cotizaciones asociadas al empleo formal impulsada en 2012 favoreció la formalización, especialmente en trabajadores de menores ingresos y pequeñas empresas. Según el informe, la amplia base de informalidad existente en ese país amplificó el efecto de la medida.
Pero el documento también pone la atención en el peso para las arcas públicas.
“El elevado costo fiscal de estos instrumentos obliga a evaluar sus resultados en términos de costo‐ beneficio y no únicamente por sus efectos sobre el empleo”, dice el texto.
El documento agrega que la experiencia internacional muestra que, salvo en el caso de Colombia, los beneficios observados tendieron a ser modestos en relación con los recursos comprometidos.
En Francia, el programa implicó un costo fiscal elevado sin efectos discernibles sobre el empleo; en Suecia, fue finalmente derogado debido a su alto costo por puesto de trabajo generado; y en Finlandia, los resultados fueron, en promedio, limitados o nulos.
“Esto sugiere que, para justificar fiscalmente una política de esta naturaleza, los efectos sobre el empleo formal y los salarios deben ser suficientemente significativos como para compensar el costo fiscal que representa”, concluye el texto.
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Carolina León
