La Comisión de Educación del Senado continuó este jueves con el análisis del proyecto de sala cuna y el protagonismo se lo llevó la Dirección de Presupuestos (Dipres), entidad que defendió el diseño de financiamiento de la iniciativa y respondió a los cuestionamientos de los parlamentarios respecto de sus proyecciones de costos, cobertura y sostenibilidad.
La exposición del informe financiero de las indicaciones que introdujo el gobierno al proyecto estuvo a cargo del subdirector de racionalización y función pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, quien destacó la creación de una cotización de 0,35% de cargo del empleador, que será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía.
En la instancia, las dudas de los senadores apuntaron principalmente a la consistencia de las cifras, especialmente respecto del impacto en el seguro de cesantía y la viabilidad del nuevo fondo de sala cuna.
Con relación al impacto de la reducción de la cotización destinada al seguro de cesantía en la recaudación del mismo, Llodrá dijo que “en base a una estimación contrafactual hacia el año 2035, el agregado de las cuentas individuales de cesantía se reducen en un 7,4%”. Y si bien agregó que en el caso del seguro de cesantía solidario “se reducen en un 23,3%”, recalcó que “no comprometen su sustentabilidad de largo plazo”.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la decisión del gobierno de que el fondo de sala cuna que se creará -y que se financiará con las cotizaciones- tendrá personalidad jurídica propia y constituirá un patrimonio independiente del Fisco.
Sobre este tema, Llodrá explicó que esa fórmula responde a la naturaleza jurídica del mecanismo y sigue el diseño utilizado por otros seguros sociales.
“Este es un fondo que se financia con recursos privados para financiar un beneficio a privados”, señaló. Así, añadió que mantener el patrimonio separado evita que esos recursos puedan ser considerados gasto público sujeto a las leyes anuales de presupuesto.
“Si fuera gasto público, las leyes de ingreso y gasto podrían ir cambiando año a año con la Ley de Presupuestos. Este es un fondo cuyos recursos están contenidos por su propia regla de ingresos y su propia regla de gasto. Por eso, se mantiene separadamente”, explicó.
La aclaración buscó responder las dudas respecto de la gobernanza financiera del nuevo sistema y de la estabilidad del mecanismo en el tiempo.
Aporte promedio y brecha regional
Durante la sesión también se discutió el monto promedio considerado para financiar las prestaciones de sala cuna y la posibilidad de que existan diferencias entre regiones.
Llodrá sostuvo que el informe financiero trabaja sobre un supuesto promedio utilizado históricamente en iniciativas similares, que corresponde a un aporte promedio mensual de UTM 5,2. “El aporte podría ser regional. Esto está abierto en el articulado. Nosotros entendemos que puede haber diferencias”, indicó.
“Esto fue un cálculo de un aporte promedio que ha sido un supuesto de trabajo desde hace varios proyectos. Siempre trabajamos con otras instituciones y con Educación para mapear la oferta y seguimos trabajando en eso, pero es un supuesto bastante razonable de trabajo”, afirmó.
Añadió que el valor definitivo será determinado posteriormente por la comisión encargada de fijar el aporte efectivo.
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