La primera semana completa de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, tras la sorpresiva renuncia de Mario Marcel el pasado jueves, estará marcada prácticamente por un solo tema: la preparación de la ley de Presupuestos 2026.
Este será el primer erario que deberá implementar la próxima administración y en la cual el trabajo técnico ya está prácticamente terminado -a la espera de los resultados de los comités de expertos del PIB tendencial no minero y precio del cobre de largo plazo, que entregarán sus nuevas proyecciones este viernes-, restando solamente la etapa de conversación al interior del Ejecutivo.
La normativa ingresará a trámite a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de septiembre, por lo que el nuevo secretario de Estado dedicará parte importante del próximo mes a realizar un trabajo prelegislativo con los partidos del oficialismo y la oposición para adelantar parte de un debate que, como cada año electoral, se avisora complejo en el Parlamento.
El renunciado ministro Marcel, junto con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, dejaron parte importante de los ejes, prioridades y diseño del erario listo para que Grau tome la posta. Y así lo han transmitido en eventos y también en contactos con parlamentarios en las últimas semanas.
Así, se espera que el crecimiento del gasto público sea similar al de este año. La última proyección que tiene Hacienda y la Dipres es de un 2,2% en 2025, asumiendo que se materializan los recorte de gasto por cerca de US$ 2.000 millones para este año.
Ahora, dependiendo de cuál sea la base de comparación -ejecución proyectada en 2025 o la efectiva al mes que se presente el Presupuesto-, la tasa de crecimiento podría ubicarse más cerca del 3% para 2026, lo que también promete ser parte central del debate político y técnico, como ocurrió en la presentación del texto para este año.
En un seminario en la Universidad de los Andes el miércoles 13 de agosto -una semana antes de su salida- Marcel fue enfático en señalar de que hacia adelante el crecimiento del Presupuesto fiscal ya no será como en el pasado, cuando crecía a tasas en torno al 7% anual.
"Hoy en día, optimizar los ingresos, racionalizar gasto es una necesidad permanente del manejo fiscal de aquí en adelante, independientemente de si la economía crece más o menos (...) No vamos a volver nunca a las cifras de 7% o de 5% (de crecimiento del gasto público), eso es importante que lo tengamos claro", manifestó. Grau ha transmitido internamente coincidencia con dicho planteamiento.
Medidas de control: licencias médicas y entra a regir límites a vacantes
El ajuste del gasto será un foco principal del texto que se ingresará al Parlamento.
Como parte de la materialización de las medidas para ahorrar recursos, que en 2026 totalizarán cerca de US$ 800 millones, adicionales a los US$ 1.800 millones para este año, el Ejecutivo buscará profundizar en las ideas para controlar el mal uso de las licencias médicas.
El estallido de la polémica por el informe de la Contraloría del pasado 20 de mayo, que evidenció viajes al extranjero de más de 25 mil funcionarios públicos entre 2023 y 2024 pese a que se encontraban en período de reposo, aceleró la agenda del Gobierno para atacar el mal uso de dichos descansos y el alto ausentismo laboral en el Estado. Así, se creó un comité para darle seguimiento a la materia y se instruyó a las reparticiones y servicios realizar los sumarios respectivos para determinar responsabilidades. Dicho esfuerzo tendrá continuidad en el 2026.
Otra iniciativa que será incorporada en el erario del próximo año será el límite a la reposición de vacantes en el sector público, conocido como "3x1".
Esto implica que por cada tres funcionarios del Estado que se acogen a retiro, son reemplazados solo por una nueva contratación. Aquello será parte del articulado del Presupuesto 2026.
¿Mantener o aumentar los recursos de libre disposición?
Otro de los temas que promete ser álgido en la discusión es la denominada "glosa republicana", que se incorpora en la partida del Tesoro Público y es el monto de recursos de libre disposición que tendrá el nuevo Gobierno para desplegar parte de su programa durante el primer año de administración.
En el Presupuesto del 2022 -el último que tramitó el saliente Gobierno de Sebastián Piñera y el primero que ejecutó el entrante de Gabriel Boric- se reservaron recursos por US$ 800 millones, además de US$ 800 millones para planes de apoyo para Pymes y reactivación, así como US$ 1.000 millones para la emergencia sanitaria -en ese momento aún persistía la crisis del Covid 19- que estaban en la partida de Salud. Así, en dicho texto se presentaron US$ 2.600 millones en espacio de flexibilidad.
La apuesta del Ejecutivo, asumiendo que la emergencia sanitaria concluyó a fines del 2022, es a lo menos mantener los recursos disponibles en la glosa republicana para la próxima administración, incorporando ajustes monetarios y por la inflación acumulada respecto al anterior cambio de Gobierno.
Informe sobre recortes de gasto se conoce esta semana
Adicionalmente, esta semana se conocerá un informe clave para la formulación y debate del Presupuesto 2026: uno encargado por Hacienda y la Dipres a un grupo de economistas para analizar espacio de racionalización y recortes de gasto en el Presupuesto fiscal.
El grupo es integrado por el exdirector de Presupuestos y académico de la U. de los Andes, Matías Acevedo; por María José Abud, investigadora de Horizontal y docente en el Instituto de Economía de la Universidad Católica; Paula Darville, oficial de Monitoreo y Evaluación en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile; Sergio Granados, director de Presupuestos en 2010 y entre 2014 y 2018; y Osvaldo Larrañaga, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC.
Según quienes han conocido dicho trabajo, el grupo expondrá detalles inéditos respecto a los programas mal evaluados y la potencialidad de ahorros de recursos para el Fisco con su cierre, fusión con otros similares o su reformulación.
También, hay tres focos en los que ha trabajado el grupo: racionalizar los recursos para la gratuidad universitaria, permitiendo ahorros de a lo menos US$ 200 millones al año al focalizar de mejor manera el beneficio en personas vulnerables y poner una mayor lupa sobre los procesos de evaluación socioeconómica que hacen las universidades; hacerse cargo del denominado "fraude social", que implica que individuos con ingresos sobre la media obtengan subsidios o beneficios que el Estado reserva para los más vulnerables; y un mayor control sobre el gasto en Salud, particularmente en lo relacionado a licencias médicas para permitir reasignaciones que pueden relocalizarse, por ejemplo, en hacerse cargo de las listas de espera en hospitales públicos.
"Hay una revisión completa de todo el Presupuesto. También será un insumo relevante para el debate de las candidaturas presidenciales", comentan conocedores del contenido del informe.
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Sebastian Valdenegro
