Desafío para el Estado: mayor orden podría permitir ahorrar más del 15% del gasto en bienes y servicios

La búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público se tomó la discusión de la última Ley de Presupuestos, la primera en la que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) aplicaron la metodología de “Presupuesto Base Cero”.

En este marco, la Dipres realizó un ejercicio para determinar cuánto podría ahorrarse el sector público al reducir la alta dispersión en el gasto en bienes y servicios de consumo, lo que contó con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento concluye que el sector público podría ahorrarse cerca de US$ 230 millones en gastos de operación reduciendo las diferencias entre las distintas reparticiones.

El análisis se dividió en dos partes: partió en 2019 con un ejercicio piloto, contemplando 158 de 228 servicios contenidos en la Ley de Presupuestos de dicho año, que representan cerca del 29,6% de los recursos en bienes y servicios de consumo (casi $ 990.000 millones, o US$ 1.372 millones al tipo de cambio actual).

Para dicho período, los investigadores concluyen que hay una “gran dispersión” en el gasto revisado entre los distintos estamentos, con lo que disminuir esa variabilidad puede llevar a una reducción de entre 6,1% y 7,8% de los recursos asignados, equivalente a entre $ 59.807 millones y $ 76.831 millones, respectivamente (entre US$ 83 millones y US$ 106 millones).

En 2020, en tanto, repitieron el ejercicio pero incorporando los “principales aprendizajes” del proceso anterior e internalizando el escenario fiscal “más restrictivo”. Así, el resultado es que reducir la dispersión le permitiría al sector público disponer de $ 168.455 millones (US$ 234 millones al tipo de cambio actual) en gastos en bienes y servicios de consumo, un ahorro del 17,3% de los fondos destinados a dicho ítem en las reparticiones analizadas.

Lo anterior, tomando como base el gasto devengado para el período 2017-2019 para 157 de 235 servicios públicos, que representan cerca del 28% del total de los recursos en bienes y servicios de consumo ($ 996.000 millones o US$ 1.384 millones).

“Tanto en la revisión piloto del año 2019 como en la revisión del año 2020, el resultado principal es el mismo: en ítemes de gastos específicos, existe una gran dispersión en el gasto a través de los servicios públicos en relación a su grupo de comparación”, concluye el documento, elaborado por Daniel Araya, Paula Darville, Gonzalo Gaete, Juan Pablo Leiva y Slaven Razmilic.

Cómo se calcula

El reporte de Dipres tomó como modelo las experiencias del Reino Unido y Nueva Zelanda, utilizando una metodología de benchmarking, en la cual se agrupan los servicios públicos según funciones similares, para luego comparar su nivel de gasto con la distribución de su grupo de referencia.

Para esto, se utilizan datos administrativos de todas las transacciones realizadas por los servicios en la compra de bienes y servicios de consumo -cerca de 830 mil operaciones al año-, además de información de su dotación de personal.

Los autores consideran el gasto en bienes y servicios de soporte y administración utilizados para la producción de bienes y servicios, pero que no son directamente entregados a la ciudadanía. Así, por ejemplo se excluyen algunas entidades, como la Junji y el Parque Metropolitano, ya que gran parte de sus recursos se destinan principalmente a la población que atiende.

Tampoco se consideraron algunas categorías de desembolsos más ligados a la producción, como los destinados a mantenimiento y reparación de máquinas; y otras de compromisos ineludibles, como el pago de contribuciones.

Los autores, de todas formas, hacen un llamado a analizar con “cautela” los resultados, ya que no incorporan nuevas presiones de gasto a las cuales pueden estar sujetos los servicios, ya sean permanentes o transitorias.

“Asimismo, la comparación mediante benchmarking no estima niveles óptimos de gastos, sino que busca identificar dispersión en distintos ítems de gasto a través de los servicios. Por lo tanto, potenciales metas de ajuste deben ser fijadas de manera específica para cada servicio público, considerando su contexto operacional”, aseguran los autores.

Asimismo, plantean que la experiencia indica que ganancias significativas de eficiencia requieren de un análisis específico, en donde se evalúen los costos, beneficios y potenciales riesgos en el caso de cada institución.

Reino Unido y Nueva Zelanda, los ejemplos a seguir en el uso de los recursos

El informe de la Dipres también analiza la experiencia internacional en materia de revisión en gastos en soporte y administración del sector público, destacando los casos de Reino Unido y Nueva Zelanda.
En mayo de 2009, la cartera de Hacienda británica publicó un primer informe en la materia, utilizando la metodología de benchmarking empleada también en Chile.
¿Los resultados? A tres años, los costos anuales de soporte podrían ser disminuidos en
alrededor del 20% al 25%, equivalente a 4 billones de libras esterlinas.
En Nueva Zelanda, desde 2009 implementa dicha revisión, que arrojó que reducir la variabilidad en las distintas instituciones podría generar ahorros por 236 millones de dólares neozelandeses.