Con el fin de incorporar un enfoque territorial a los instrumentos de asignación que utiliza la política pública, el Ministerio de Desarrollo Social presentó en agosto un nuevo instrumento: el Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Socioterritorial.
En este se conformó el Índice Global (Igvust) que puede clasificar a regiones, a comunas y -la mayor novedad- a unidades vecinales según siete dimensiones: ingresos; trabajo y pensiones; salud y dependencia; educación; vivienda; accesibilidad y seguridad.
El indicador se construyó a través de la información del Registro Civil, los ministerios de Educación y de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros.
Con esto, se completa la mirada de la selección de usuarios de prestaciones sociales, que hasta ahora solo usaban la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.
“Esto permite observar desigualdades, por ejemplo, dentro de una misma comuna, que antes quedaban invisibles, y avanzar hacia una asignación más justa y pertinente de las prestaciones de las que el Estado dispone para apoyar a las familias chilenas”. Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social.
“Esto permite observar desigualdades, por ejemplo, dentro de una misma comuna, que antes quedaban invisibles, y avanzar hacia una asignación más justa y pertinente de las prestaciones de las que el Estado dispone para apoyar a las familias chilenas”, explica la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete
De esta forma, el sistema entrega información -actualizada a nivel mensual- que también orienta con mayor precisión la priorización de determinados territorios y apoya a los ministerios e instituciones públicas en el diseño, seguimiento y evaluación de sus programas.
Las vulnerabilidades socioterritoriales
El Igvust -construido por 18 indicadores, que conforman las siete dimensiones- entrega un ordenamiento de las unidades vecinales, comunas y regiones en función de su nivel socioterritorial y permite identificar cuáles dimensiones explican ese resultado.
“En algunos territorios la mayor vulnerabilidad puede estar dada por la falta de acceso a la salud, en otros por la seguridad o el trabajo. Esa lectura desagregada permite diseñar políticas diferenciadas según la realidad de cada territorio y avanzar hacia una mayor equidad territorial, en lugar de aplicar soluciones uniformes a contextos diversos”, explica Poblete.
Así, al leerse por región, se puede determinar qué peso tiene cada una de las dimensiones.
Además, el mapa ordena cada región del país y se presentan aquellas coloreadas de tono más clara como de menor vulnerabilidad socioterritorial. Al contrario, un tono más oscuro refleja mayor vulnerabilidad socioterritorial (ver infografía).
En su mayoría, los ingresos, el trabajo, la educación y accesibilidad son las dimensiones que más peso tienen en el indicador global.
Por ejemplo, en la Región Metropolitana la dimensión de educación -medido por los indicadores de inasistencia escolar, no matriculados y rezago escolar- y la de seguridad -a partir de los delitos- son las que más pesan en el valor del Igvust regional.
Esto a diferencia de Antofagasta y Magallanes, donde la accesibilidad -en base a la distancia de la educación básica y la salud primaria- es la principal.
En Coquimbo, Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía lidera en la vulnerabilidad socioterritorial la dimensión de trabajo, medido por actividad laboral registrada, empleo de larga duración, cuidado no remunerado y cantidad de adultos mayores sin pensión.
En tanto, en O’Higgins, Los Lagos y Aysén el mayor peso se lo llevan los ingresos, calculados en base al ingreso de la calificación socioeconómica y el Fondo Común Municipal.
En tanto, la dimensión de vivienda se mide a través de indicadores de carencia de agua potable, hacinamiento y allegamiento; y la de salud por años potenciales de vida perdidos, alerta vacunación, dependencia y discapacidad.
Usos en instituciones públicas
El sistema ya está siendo usado por instituciones del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que lo emplea para la identificación y priorización en su programa Zonas en Desarrollo. Otro caso es el de Junaeb, que usa el sistema en su modelo de asignación de la Beca de Integración Territorial, permitiendo identificar con mayor claridad a estudiantes de zonas aisladas que enfrentan mayores dificultades para continuar sus estudios.
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Amanda Santillán
