Dos años se cumplieron el recién pasado 31 de diciembre desde que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, entró en vigor en Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, a los que después se sumó Vietnam.
Con motivo de este segundo aniversario, y ad portas de que el Gobierno intentara reactivar el debate sobre la ratificación del acuerdo, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) elaboró un documento que apunta a derribar dudas y mitos sobre lo que ha ocurrido con la regulación interna de los países en los que el TPP-11 ya está vigente.
“Luego de dos años desde su puesta en vigor, el TPP-11 no ha interferido en la manera en que los países legislan”, afirma el documento, que a modo de ejemplo, expone que durante 2020 Canadá, Australia y Nueva Zelanda realizaron reformas para regular la inversión extranjera directa, las cuales apuntan a resguardar la capacidad regulatoria de sus estados.
El análisis detalla que Japón, la mayor economía del bloque, también implementó nuevas regulaciones en 2020, siendo una de ellas la relacionada con la fijación de precios de los medicamentos nuevos y bioequivalentes comercializados en el país, que apunta a que los valores no se eleven por sobre las expectativas de mercado.
En Singapur, en tanto, los temas destacados por el reporte son las enmiendas para perfeccionar las leyes de propiedad intelectual, arbitraje internacional, aumento del salario mínimo, protección de datos personales e indicaciones geográficas, trabajadas desde 2019 a la fecha.
En América Latina, México concretó una reforma laboral en 2019, la cual amplía los derechos sindicales e intereses colectivos de los trabajadores del país.
En los dos años que lleva implementándose, el TPP-11 “ha dejado en claro que la soberanía y autonomía de los estados miembros para implementar, perfeccionar y modificar sus leyes se mantiene intacta”, precisa la Subrei, que añade que ocurre lo mismo con la “capacidad de los gobiernos para actuar rápidamente ante cualquier situación que pueda implicar un eventual riesgo para la seguridad nacional, los intereses de sus empresas y sobre todo para resguardar el bienestar de la ciudadanía en general”.
Sin embargo, el académico de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram, plantea que “se parte de un error, que es asumir que la crítica contra el TPP-11 es que no se pueden hacer regulaciones. El problema es que no se puede cambiar fundamentalmente el marco regulatorio”.
Explica que países como Nueva Zelanda y Canadá “tienen un alto nivel regulatorio”, entonces los cambios que hacen son menores, “son perfeccionamientos de un sistema de alto nivel regulatorio”. En dichos países, la expectativa es que los estándares se mantengan, indica el académico, que plantea que “otra cosa es si un país de bajo marco regulatorio, como Chile, hace un proceso constituyente y transforma su marco regulatorio. Eso cambia las expectativas de las empresas y eso es lo que genera demandas”.
De nuevo en pausa
Ayer, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, llegaron a un acuerdo para posponer el debate que el Ejecutivo esperaba fuera abordado esta semana. Muñoz explicó que “el Gobierno ha señalado durante el mes de marzo que tiene interés que (el TPP-11) ingrese al debate y a la votación. Eso se tendrá que ver en su mérito y en ese tiempo”.
La senadora reforzó que “no estamos disponibles a tramitarlo (...) En marzo, si el escenario es distinto, serán otras las decisiones que se tomen”.
Previo a la reunión, Ossa había señalado que si bien el proyecto tiene urgencia y desde el Ejecutivo esperan que esto se cumpla, tampoco significa que quisieran hacerla cumplir hasta el jueves, cuando vence la vigencia de la “discusión inmediata”.
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