El Instituto Chileno de Derecho Tributario trabaja a toda máquina en el análisis de la reforma tributaria. El organismo técnico tiene dos "aprensiones" jurídicas sobre la iniciativa: la constitucionalidad de las cláusulas antielusivas del proyecto, y las multas que pesarían sobre los asesores tributarios.
Para esto, la instancia ha conformado cuatro comisiones de trabajo: uno sobre el sistema de tributación devengada y nuevos registro de utilidades atribuibles, liderado por Carlos Muñoz y Ximena Niño; tributación internacional, liderado por Rodrigo Benítez y Claudio Salcedo; análisis de comités de principios constitucionales, presidido por Ignacio Melo; y de rentas de capital e inmuebles, liderado por Pablo Cabello y Mario Silva.
"La idea es analizar los cambios prácticos que se están generando en la legislación y ver qué temas son perfectibles y mejorables en la reforma", explica el vicepresidente del ente gremial, Mario Silva.
Frente a las medidas antielusión, el también socio de Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, advierte que quizá en el Congreso "no se ha tomado la exacta conciencia" de las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que espera que se hagan las correcciones "razonables" para que el Tribunal Constitucional "no se vea obligado a ver el tema". "Las normas de elusión a nuestro juicio adolecen de cierto grado de inconstitucionalidad".
Dicho esto, argumenta que ahora el SII podrá "definir" las rutas para que los contribuyentes paguen más impuestos, lo que "choca" con el principio de legalidad de los tributos, el cual "debe estar en la ley" y "no entregada" a la autoridad administrativa.
Sobre las conductas sancionadas, el experto señala que no hay una definición clara en la ley, quedando a discrecionalidad del regulador. "En otros países se establece que las conductas deben ser notoriamente elusivas o que sean abusivas. Acá, la verdad es que queda muy a criterio de la autoridad, eso es muy grave", expresa.
Efectos económicos
Silva anticipa que dada las nuevas facultades del SII, muchos contribuyentes deberán acudir a la justicia para evitar sanciones, asumiendo costos económicos que no podrán solventar. "Cuando se pelea en la justicia con el SII, hay un recargo mensual de 1,5% de interés reajustado. Juicios tributarios que duran 3 ó 4 años significa que hay muy pocos contribuyentes que tendrán capacidad económica para discutir con el SII, eso no es menor", afirma.
Respecto a las sanciones a las que se exponen los asesores tributarios que participen en el diseño, planificación e implementación de estrategias tributarias elusivas, Silva señala que el caso "es peor" en relación a la de los contribuyentes.
"Es una norma punitiva y toda la jurisprudencia ha señalado que las sanciones administrativas tienen las mismas reglas que cualquier pena y se le aplica el procedimiento legal. O sea, la conducta debe estar previamente descrita y en este caso nuevamente depende de la autoridad administrativa la sanción para los asesores, queda al arbitrio del SII", argumenta.
Fiscalizadores responden a críticas
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Apablaza, concurrió ayer a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer su opinión sobre el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno.
En ese contexto, destacó que si bien consideran que el proyecto como está planteado es correcto y lo apoyan, precisó que les preocupa el impacto que puedan tener en el trabajo del fiscalizador. "Una vez planteada la Ley hay que cuadrarla a los estándares de trabajo que tiene el Servicio de Impuestos Internos y acomodarla a un modus operandi que nos permita fiscalizar eficientemente esa ley, y eso es lo que vamos a analizar. Nos parece que la reforma está bien planteada y vamos a luchar para poder recaudar estos US$ 8.200 millones y ojalá mucho más", afirmó Apablaza.
SVS no ve "colisión" de criterios con Impuestos Internos
Carlos Pavez desestimó superposición de roles.
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, desestimó que haya una "colisión" de criterios de fiscalización entre la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de las mayores atribuciones que le daría la reforma tributaria al organismo.
En el marco de una exposición en un seminario organizado por Deloitte y el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica, Pavez señaló que el rol de la SVS sólo está relacionado con la "colaboración respecto de la disponibilidad de información para el SII, para que en el marco de la reforma pueda hacer su fiscalización".
"En el proyecto de ley no se ha concebido que la superintendencia tenga un rol de fiscalización en el ámbito tributario. Eso lo hemos conversado con el Ministerio de Hacienda", aseguró el titular del regulador del mercado de valores.
Si bien Pavez reconoció que ha surgido "inquietud" en el marco de la redacción del proyecto, fue tajante en señalar que la modificación a la orgánica de la SVS sólo responde a facilitar el traspaso de información con el SII.
"No está en los objetivos que la SVS fiscalice".
Respecto a definición de criterios del SII respecto a una eventual constitución de sociedad que busque pagar menos impuestos, Pavez también fue enfático: "Ahí como la SVS no tiene un rol en la función de fiscalización, imposible que haya un tipo de colisión entre criterios".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
impuestos
